Árbitros de la opinión pública: ¿pueden las redes determinar qué se puede decir?

En los primeros días de 2021, Twitter y enseguida Facebook suspendieron las cuentas oficiales del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (2017-2021), para evitar «una mayor incitación a la violencia».

Ambas plataformas se volvieron tan populares que terminaron asumiendo un rol clave en el discurso público: la mayoría de los políticos y gobernantes las utilizan para dar a conocer sus opiniones y gestión. Así inciden y pautan la agenda pública, pero… hay normas.

El bloqueo de Trump dejó en claro que nadie está exento de ser penalizado y obligado a «desaparecer» del foro digital mundial. Las decisiones de Twitter y Facebook evidencian el poder que tienen las grandes plataformas para marcar qué puede decirse en las redes sociales, y qué no.

También abren un debate sobre el rol de las empresas en Internet, la libertad de expresión y la moderación de contenidos. ¿A quién le corresponde? Sputnik consultó a tres especialistas latinoamericanos sobre qué implica el bloqueo a Trump.

Trump vs. redes sociales digitales

Aunque «lo de Trump fue un exceso y violó toda libertad de expresión«, la suspensión de sus cuentas es un «ejemplo claro» de lo que pasa día a día con personas anónimas, activistas, líderes sociales y rockstars, que por «supuestamente incumplir las normas que estas empresas establecen, también ven limitado su derecho a la libertad de expresión, configurando de alguna manera una forma de censura privada«, dijo a Sputnik Gustavo Gómez, director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom).

«Claramente cuando se trata de contenidos de interés público en el marco de procesos electorales o de fuerte controversia, muchas veces [los bloqueos] adquieren el carácter de censura», opinó. «Al establecer reglas propias, de alguna manera estas empresas están funcionando como un Estado paralelo, como una Justicia privada«, aseguró.

En ese sentido, Gómez señaló que le llama la atención que «se le pida a estas empresas que actúen, cuando en realidad habría que reclamar que la Justicia norteamericana actúe». La omisión desata otro conflicto, advirtió.

«Que una empresa privada valore si cumple o no la ley del país, es un problema enorme, más allá de que mucha gente puede estar de acuerdo con la decisión, no le corresponde a las empresas ser los ministerios de la verdad ni la justicia de internet».

A su vez, la directora ejecutiva de la organización civil paraguaya Tecnología y Comunidad (TEDIC), Maricarmen Sequera, señaló que teniendo en cuenta el amplio análisis de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense con relación a la libertad de expresión en las plataformas, se debería hablar de un bloqueo, no de censura.

«Según la norma de Estados Unidos este bloqueo de contenido de Twitter no es considerado censura, en primer lugar porque no fue el Estado el que emitió esa decisión, sino un actor privado que tiene reglas específicas de cómo la gente debe comportarse en esa red privada», opinó.

No obstante, agregó que también es imprescindible «entender que estas plataformas, a diferencia de otro tipo de servicios de internet, plantean y se venden como un espacio público, entonces sí deberían tener algunas responsabilidades».

A la directora del del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), Agustina Del Campo, tampoco le «gusta hablar de censura privada». La especialista considera que es «sobresimplificar una problemática que, a [su] entender, es más compleja».

Del Campo señaló que estas «empresas tienen legalmente la facultad de moderar contenidos y autorregularse, es decir, de determinar qué reglas son las que se aplicarán en sus plataformas y a sus usuarios, siempre y cuando actúen dentro de los parámetros de la ley por supuesto».

No obstante, tampoco diría que «están cumpliendo con su deber, pues el contenido que limitaron y bloquearon y las acciones tomadas fueron tomadas en principio sobre contenido lícito en ese país (aunque problemático y hasta quizás contrario a derechos humanos, cómo sostienen algunos expertos)», explicó.

¿Qué dice la legislación estadounidense?

La Constitución de Estados Unidos prohíbe la censura del Gobierno y no se aplica a las decisiones tomadas por empresas privadas.

A su vez, desde 1996 la Ley de Decencia en las Comunicaciones, en su sección 230, le da la potestad a las plataformas de moderar el contenido como les parezca. En palabras de Gómez, las empresas tienen «casi carta blanca para moderar».

​»El problema es que están aplicando una ley norteamericana que afecta a todo el resto del mundo, y ese es un tema que no podemos aceptar como bueno», advirtió Gómez. «Al eliminar la cuenta de Trump —y salgamos del caso en sí— están eliminando la posibilidad de que 2000 millones de personas en Facebook puedan acceder a lo que decía Trump», agregó.

Sobre la posible arbitrariedad de Twitter

Algo en que los tres expertos están de acuerdo es que falta claridad y transparencia en las reglas, proporcionalidad en su aplicación, y en criterios para su aplicación —porque saben que no se han aplicado de igual manera a todos, ni siquiera en el caso mismo de Trump, porque durante los años que estuvo activo en Twitter, realizó comentarios similares a los que ahora provocaron su expulsión de la red—.

«Si bien son las reglas del juego dentro de esta plataforma privada de interés público, no queda claro cuándo es una sanción extrema y cuándo es leve. En este caso no valió cuando Trump tenía poder, y sí cuando lo perdió… fue una sanción bastante dura. Esta aplicación arbitraria no debería existir», comentó Sequera.

Ahora bien, Del Campo asegura que la decisión de Twitter y Facebook no son actos arbitrarios si se considera que «tienen reglas sobre el tipo de contenido que está permitido y prohibido en sus plataformas«.

Sin embargo, sí considera que se tratan de decisiones arbitrarias considerando que faltan «reglas claras para lidiar con el discurso político de funcionarios públicos».

Además, señaló que el discurso de funcionarios públicos es un discurso especialmente protegido en el marco de los derechos humanos, y esa distinción no está siendo parte de la conversación de autorregulación.

¿Qué propone el Observacom?

Ante la «creciente privatización de las reglas del debate público en internet«, a partir de empresas más poderosas en algunos casos, que los propios estados nacionales, Observacom propone «salirse de las discusiones polarizadas» (aceptar la autorregulación corporativa o regular de forma excesiva) y legislar para poner un límite al poder que tienen estas empresas sobre los usuarios de las redes, explicó Gómez.

«La mayor parte de la legislación que está en el mundo hoy y en particular en América Latina, son regulaciones para regularnos a nosotros, y en todo caso, colocan a las empresas como ayudantes, incluso en algunos casos como policías privados, para ejecutar la aplicación de esas leyes en las redes», puntualizó.

Observacom considera que las empresas deben tener obligaciones, rendir cuentas y autorregularse para que estos mercados y modelos de negocios no sean tan poco transparentes y que incluyan políticas de derechos humanos.

A su vez, Sequera opinó que las regulaciones deben enfocarse en las plataformas dominantes en un mercado de competencia, «porque es muy diferente una plataforma que tiene miles de millones de usuarios, donde cualquier expresión tiene un espectro significativo, a un foro donde se publican ciertos contenidos y si alguien del grupo no está publicando de acuerdo a los intereses del grupo, se lo modera o expulsa, pero esa persona tiene la posibilidad de crear otro foro similar y expresar su opinión en otra plataforma, el espectro es menor».