por Traducido de ChildrensHealthDefense por TierraPura.org
En una apasionante batalla legal que abarca dos décadas, William Yates Hazlehurst (“Yates”) se convirtió el 2 de febrero de 2022 en la primera persona lesionada por una vacuna con diagnóstico de autismo en llegar a un jurado desde que se promulgó la Ley Nacional de Indemnización por Daños Causados por Vacunas en la Infancia de 1986 (la Ley de Vacunas).
En un caso de negligencia médica presentado en el Tribunal de Circuito del Condado de Madison, en Tennessee, los abogados de Yates argumentaron que la clínica y el médico que le administraron las vacunas, incluida la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (SPR) el 8 de febrero de 2001, deberían ser considerados responsables de la negligencia médica y de las lesiones neurológicas que Yates desarrolló tras ser vacunado.
Aunque el jurado falló a favor del médico -que, según el padre de Yates, no informó adecuadamente a los padres de los riesgos de vacunar a Yates mientras tenía una infección de oído activa-, el caso puso de manifiesto importantes fallos en un sistema diseñado para proteger a los niños y proteger a las empresas farmacéuticas y a los médicos de la responsabilidad por las lesiones causadas por las vacunas.
“En la lucha para acabar con la epidemia de autismo, todos esperábamos el golpe de gracia que sacara a la luz la verdad y ayudara a acabar con la epidemia de autismo”, dijo el padre de Yates, Rolf Hazlehurst.
“Este juicio por negligencia médica ha sido la única oportunidad en los últimos 35 años para que un jurado escuche las pruebas en un tribunal de justicia sobre si una lesión por vacuna puede causar un daño neurológico, incluido el autismo”.
Hazlehurst, que es abogado principal de Children’s Health Defense (CHD), dijo que “a menos que se derogue la Ley de Vacunas, mi hijo es probablemente el único niño lesionado por una vacuna con un diagnóstico de autismo que llegará a un jurado”.
El caso Hazlehurst fue un caso de negligencia médica contra el médico que administró las vacunas pediátricas que, en opinión de los mejores expertos del mundo, hicieron que Yates, que ahora tiene 22 años, cayera en una espiral de autismo grave y no verbal.
Aunque el caso se presentó originalmente en 2003, no tuvo su día en los tribunales durante 19 años porque otro caso relacionado con la lesión de Yates tuvo que pasar primero por el Programa Nacional de Compensación por Lesiones Causadas por Vacunas (NVICP).
Cuando el caso de negligencia médica de Yates fue finalmente escuchado, el juicio expuso pruebas alarmantes sobre el autismo y las vacunas, el bajo nivel de cuidado practicado por los médicos que administran las vacunas pediátricas y los conflictos de intereses financieros entre las empresas farmacéuticas que fabrican las vacunas y las agencias gubernamentales encargadas de la seguridad de las vacunas.
Durante el juicio, los mejores expertos del mundo en el campo del autismo y el trastorno mitocondrial explicaron cómo la administración de vacunas infantiles “de rutina” puede causar autismo, lesiones cerebrales y muchos otros trastornos.
Según el Instituto Nacional de Salud Mental, el autismo es un trastorno neurológico y del desarrollo que afecta a la forma en que las personas interactúan con los demás, se comunican, aprenden y se comportan. Los síntomas pueden ser graves y suelen manifestarse antes de que el niño cumpla 3 años, lo que coincide con la edad en que los niños reciben más vacunas infantiles.
Cada vez hay más pruebas que indican que una proporción significativa de individuos con autismo tienen enfermedades coincidentes, como disfunción mitocondrial, anomalías en la generación de energía, anomalías gastrointestinales y anomalías en la regulación del sistema inmunitario.
El juicio por negligencia médica de Yates puso de manifiesto cómo las vacunas pueden causar autismo en los niños con trastorno mitocondrial y mostró cómo la Ley de Vacunas -diseñada para garantizar el consentimiento informado y la compensación a los niños lesionados- es un fracaso absoluto porque es en gran medida inaplicable.
Yates era normal hasta que recibió sus vacunas de 12 meses
Durante su primer año de vida, Yates se desarrolló de forma típica y cumplió todos sus hitos de desarrollo.
“Era un niño feliz, sano y normal”, dijo su padre.
Después de las vacunas de los 6 meses, Yates sufrió un grave episodio de gritos aproximadamente 24 horas después de recibir las vacunas DTaP, Prevnar, Hib y Hep B.
En los días siguientes a las vacunas, Yates empezó a experimentar episodios de temblores similares a las convulsiones.
Pero sus padres no se dieron cuenta de que los síntomas de su hijo eran consistentes con una reacción adversa grave a una vacuna porque no les dieron una Declaración de Información sobre Vacunas (VIS) en la consulta de su pediatra.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), una VIS es una hoja informativa elaborada por los CDC que explica tanto los beneficios como los riesgos de una vacuna a los receptores.
“La ley federal exige que el personal sanitario proporcione una VIS al paciente, a sus padres o a su representante legal antes de cada dosis de determinadas vacunas”, afirma el sitio web de los CDC.
En lugar de proporcionar la VIS, el médico de Yates dijo a sus padres que cualquier evento adverso a una vacuna sería “casi inmediato”, entre 5 y 15 minutos después de la vacunación.
Antes del primer cumpleaños de Yates, su madre y su tía lo llevaron al médico porque había estado enfermo, y sus padres querían asegurarse de que estaba bien que Yates tuviera una fiesta de cumpleaños.
Hazlehurst dijo a The Defender que esta cita no era una revisión programada de niño sano. Era una visita por enfermedad. En la cita, a Yates se le diagnosticó una infección de oído y se le recetó un antibiótico.
Cuando el pediatra se dio la vuelta para marcharse, dijo que Yates recibiría sus vacunas, ya que estaba cerca de su primer cumpleaños. Volvió a la sala una mujer que se hizo pasar por enfermera, pero Hazlehurst se enteró más tarde de que sólo era una asistente médica.
La madre de Yates preguntó a la “enfermera” si su hijo debía recibir las vacunas a pesar de estar enfermo y le dijeron que sí.
Una vez más, no se les entregó un formulario del VIS en el que se informaba de los riesgos de vacunar a Yates mientras tenía fiebre y una infección de oído activa.
“Al administrar vacunas a un niño enfermo, el médico y su clínica podían cobrar una “factura doble modificada”, dijo Hazlehurst.
Ese día, el 8 de febrero de 2001, Yates recibió las vacunas MMR, Prevnar, Hib y Hep B. Doce días después, Hazlehurst dijo que su hijo experimentó fiebre alta, sarpullido y vómitos consistentes con una reacción adversa a la vacuna.
Hazlehurst llamó a la clínica donde su hijo recibió la vacuna y habló con el médico de guardia, que le preguntó qué vacunas había recibido Yates. Hazlehurst respondió: “cualquiera que recibas cuando tengas un año”.
A Hazlehurst le dijeron que su hijo tenía una reacción adversa al antibiótico y el médico le recetó otro antibiótico y un medicamento antimicótico.
Poco después, Yates empezó a perder las habilidades que antes tenía y comenzó a desarrollarse de forma anormal. Perdió el habla, empezó a correr como un loco, estaba constantemente de un lado para otro y tiraba las cosas de la mesa.
“Se ‘estimulaba’ visualmente con los objetos que caían y corría con la cabeza hacia abajo por la estimulación visual”, dijo Hazlehurst.
Explicó:
“No fue como si recibiera las inyecciones y pum, al día siguiente era autista. No fue así. Las mitocondrias producen la energía para el tejido conectivo de las células del cerebro, y si no reciben suficiente energía durante un breve periodo de tiempo (tan corto como 6 segundos), se produce la muerte celular”.
“El cerebro sigue desarrollándose, pero no puede hacerlo con normalidad porque el tejido celular de conexión está dañado. Por eso tarda en manifestarse. Es como ver crecer la hierba. Está ocurriendo, pero no te das cuenta de que está ocurriendo”.
La condición de Yates empeoró. Desarrolló una obsesión por los objetos giratorios, se volvió quisquilloso con la comida, empezó a agitar las manos y a caminar con los dedos de los pies, no podía dormir y presentaba problemas gastrointestinales y otros múltiples problemas médicos y de neurodesarrollo, dijo Hazlehurst.
El 3 de junio de 2002, a Yates se le diagnosticó un trastorno del espectro autista.
Hazlehurst busca respuestas al autismo de su hijo
De acuerdo con la ley federal, existen requisitos específicos de registro para los expedientes médicos de las vacunas, y los proveedores de atención médica deben proporcionar los expedientes a los padres que los soliciten.
El 21 de junio de 2002, Hazlehurst solicitó una copia de los registros originales de las vacunas de su hijo para que otros médicos pudieran evaluar, diagnosticar y tratar a Yates.
Hazlehurst tenía preguntas sobre la norma de atención de la Academia Americana de Pediatría y quería saber por qué su hijo fue vacunado mientras estaba enfermo con fiebre.
En respuesta a la petición de Hazlehurst y a sus preguntas sobre la atención de Yates, el pediatra salió corriendo de la habitación y llamó a su abogado, dijo Hazlehurst.
El médico y la clínica negaron a Hazlehurst sus peticiones de revisar y recibir copias de los registros originales de las vacunas de su hijo, lo que le obligó a solicitar al tribunal los registros de Yates.
El tribunal accedió a la petición y el departamento del sheriff local confiscó el historial médico de Yates en la clínica del médico.
Hazlehurst no tardó en darse cuenta de que había problemas con el historial de vacunas de su hijo, que estaba en un formulario de consentimiento sin firmar que tenía una pegatina de código de facturación colocada sobre el lenguaje relativo a los riesgos y beneficios de las vacunas y los materiales de información sobre vacunas.
Hazlehurst dijo que nunca recibió un formulario VIS y que Yates había sido vacunado sin el consentimiento informado.
Hazlehurst presenta una reclamación ante el NVICP por la lesión causada por la vacuna de su hijo
Hazlehurst, al igual que muchos padres de niños lesionados por vacunas, presentó una reclamación ante el NVICP, como exige la ley federal. El proceso duró nueve años, de 2002 a 2011.
Para presentar un caso ante un tribunal, los padres de un niño lesionado por una vacuna deben presentar primero su caso ante el NVICP.
El NVICP es un tribunal especial, sin culpa, ubicado en el Tribunal de Reclamaciones Federales de los Estados Unidos, que se ocupa de las reclamaciones por lesiones relacionadas con 16 vacunas recomendadas por el gobierno federal. Hasta la fecha, el tribunal ha concedido más de 4.000 millones de dólares a miles de personas por lesiones causadas por vacunas.
En el NVICP, el sistema judicial estadounidense es sustituido por un “maestro especial”. Los maestros especiales que revisan las reclamaciones son abogados nombrados por el gobierno, muchos de los cuales son antiguos abogados del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).
En virtud del NVICP, los padres de los niños lesionados por las vacunas se ven obligados a demandar al secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para obtener una indemnización. El HHS está representado por abogados del DOJ.
Es excepcionalmente difícil obtener una indemnización en el marco del NVICP, dijo Hazlehurst. Los procedimientos se convierten a menudo en batallas periciales interminables y polémicas, y la acumulación de casos es considerable. Por ello, un solo caso puede prolongarse durante más de una década.
Los pagos, incluidos los honorarios de los abogados, se financian con un impuesto de 75 céntimos por vacuna. Hay un límite de 250.000 dólares para las prestaciones por dolor y sufrimiento y por fallecimiento.
La Ley de Vacunas estableció el NVICP, y la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. de 2011, Bruesewitz y otros contra Wyeth y otros, garantizó que los fabricantes de vacunas, los médicos y otros administradores de vacunas casi siempre no tienen responsabilidad legal o financiera en los tribunales civiles cuando una vacuna recomendada u obligada por el gobierno causa una lesión permanente o la muerte, dijo Hazlehurst.
El NVICP rechazó en última instancia la demanda de Yates, pero su caso contra el HHS se convirtió en una parte fundamental de la ley de los Estados Unidos. La decisión del Tribunal Supremo en el caso Bruesewitz contra Wyeth.
El caso de Yates en el NVICP formaba parte del Procedimiento Ómnibus sobre Autismo (OAP), en el que se consolidaron 5.400 reclamaciones presentadas al NVICP para determinar si las vacunas causan autismo y, en caso afirmativo, en qué condiciones.
“El HHS redujo los miles de casos a seis “casos de prueba”, uno de los cuales era el de Yates”, dijo Hazlehurst. “Si el HHS pudiera encontrar una forma de denegar la indemnización del NVICP a los casos de prueba, la agencia podría denegar la indemnización a las 5.400 familias”.
Hazlehurst dijo que el HHS y el DOJ “se aprovecharon del hecho de que las reglas de las pruebas, el descubrimiento y los mecanismos de procedimiento civil disponibles en un tribunal ordinario no se aplican en el llamado tribunal de vacunas, y perpetraron un fraude contra los maestros especiales, el Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia y, en última instancia, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos”.
El 12 de febrero de 2009, los maestros especiales del llamado tribunal de vacunas denegaron la petición de indemnización de Yates y las de los cinco “casos de prueba” restantes de la OAP que involucraban a niños que desarrollaron autismo después de recibir sus vacunas pediátricas.
El HHS hace una concesión clave en el caso de Hannah Poling
El potencial cuarto caso de prueba -el de Hannah Poling- fue concedido silenciosamente en 2007, en un encubrimiento corrupto para ocultar la opinión del testigo experto del HHS, el Dr. Andrew Zimmerman, el principal experto mundial en la investigación del autismo, dijo Hazlehurst.
Cuando Poling tenía 19 meses, fue vacunada contra nueve enfermedades en una sola visita al médico: sarampión, paperas, rubeola, polio, varicela, difteria, tos ferina, tétanos y Haemophilus influenzae tipo b. En total, recibió cinco vacunas.
Antes de recibir las vacunas, Poling se describía como una niña normal, feliz, sana, interactiva, juguetona y comunicativa. Pero dos días después de ser vacunada, estaba aletargada, irritable y febril, y a los 10 días desarrolló una erupción consistente con la varicela inducida por la vacuna.
En el transcurso de varios meses, Poling dejó de comer, no respondía cuando se le hablaba, empezó a mostrar signos de autismo, desarrolló trastornos neurológicos y psicológicos y se le diagnosticó una encefalopatía causada por un trastorno mitocondrial subyacente.
En 2003, el padre de Poling, Jon, médico y neurólogo de formación, y la madre, Terry, abogada y enfermera, presentaron una demanda por autismo contra el HHS en virtud del NVICP por las lesiones de su hija.
Cinco años más tarde, el gobierno resolvió el caso antes del juicio y, en esencia, lo selló.
Durante el PAO, en el caso Poling, el gobierno concedió discretamente que las vacunas causaban “encefalopatía regresiva con características de trastorno del espectro autista”.
Según CBS News, Poling recibió más de 1,5 millones de dólares por los cuidados de su vida, el lucro cesante y el dolor y el sufrimiento sólo durante el primer año. Después del primer año, la familia debía recibir más de 500.000 dólares al año para pagar los cuidados de Poling, lo que se calcula que ascenderá a 40 millones de dólares a lo largo de su vida.
Jon Poling, el 6 de marzo de 2008, dijo que “los resultados, en este caso, bien pueden significar una decisión histórica con los niños que desarrollan autismo después de las vacunas”.
Antes del caso Poling, las agencias federales de salud y las organizaciones profesionales habían asegurado al público que las vacunas no causaban autismo. El caso Poling desafió esa narrativa, por lo que el caso fue concedido y en esencia sellado.
La concesión del HHS de que Poling desarrolló el autismo como resultado de una lesión causada por una vacuna se convirtió brevemente en una noticia internacional. Sin embargo, sólo un puñado de personas sabía por qué el gobierno concedió el caso de Hannah.
Cuando se hizo pública la noticia de la concesión en el caso Poling contra el HHS en marzo de 2008, la Dra. Julie Gerberding, entonces directora de los CDC, dijo en una entrevista con el Dr. Sanjay Gupta de la CNN:
“Todos sabemos que las vacunas pueden causar ocasionalmente fiebres en los niños, así que si un niño fue inmunizado, tuvo fiebre, tuvo otras complicaciones por las vacunas, entonces si está predispuesto con un trastorno mitocondrial, ciertamente puede desencadenar algún daño – algunos de los síntomas pueden ser síntomas que tienen características de autismo”.
Si el HHS no hubiera concedido su caso, la verdad sobre cómo las vacunas causan autismo en algunos niños con un trastorno mitocondrial subyacente habría sido expuesta por los principales testigos expertos del mundo en el punto de mira de la OAP, dijo Hazlehurst.
El documento de concesión en el caso Poling dice:
“Las vacunas que recibió Hannah el 19 de julio de 2000 agravaron significativamente un trastorno mitocondrial subyacente, que la predispuso a sufrir déficits en el metabolismo energético celular, y se manifestó como una encefalopatía regresiva con rasgos de trastorno del espectro autista”.
Zimmerman fue un testigo experto del gobierno que defendía las vacunas en el NVICP. En 2007, durante la audiencia del primer caso de prueba, dijo al gobierno que las vacunas podrían causar autismo en casos “excepcionales”, pero dijo que el gobierno luego ocultó esa información y tergiversó su opinión de experto.
En una carta de 2018, Robert F. Kennedy, Jr. presidente de la CHD y jefe de la asesoría legal, y Hazlehurst describieron meticulosamente el fraude del DOJ relacionado con la tergiversación de las opiniones de Zimmerman en la OAP y solicitaron una investigación.
“La Oficina del Inspector General pasó la pelota al Departamento de Ética del DOJ”, dijo Hazlehurst. “El DOJ se investigó a sí mismo y redactó una carta muy engañosa en la que se absolvía de cualquier infracción”.
Zimmerman dijo en una declaración jurada firmada:
“Poco después de aclarar mis opiniones con los abogados del DOJ, uno de los abogados junior del DOJ se puso en contacto conmigo y me informó de que ya no se me necesitaría como testigo experto en nombre de H.H.S. La llamada telefónica… se produjo después de la conversación mencionada anteriormente, el viernes 15 de junio de 2007, y antes del lunes 18 de junio de 2007. Hasta donde yo recuerdo, estaba programado para testificar en nombre de H.H.S. el lunes 18 de junio de 2007”.
Como resultado de su despido, Zimmerman no estuvo presente en los procedimientos de la OAP de Hazlehurst, lo que permitió a los abogados del DOJ tergiversar las declaraciones de Zimmerman relacionadas con un caso separado de autismo y aplicarlas a todos los casos de autismo, incluido el de Yates.
A lo largo de los años, Hazlehurst ha declarado repetidamente: “Quiero ser muy claro, ni los Polings ni el Dr. Zimmerman hicieron nada malo”.
“Pero”, añadió, “si yo hiciera a un criminal, en un tribunal, lo que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo con los niños lesionados por las vacunas, me inhabilitarían y me enfrentarían a cargos penales”.
Zimmerman sí declaró como testigo experto en nombre de Yates en el caso de negligencia médica presentado contra el médico de Yates, que finalmente fue atendido por un tribunal de Tennessee en febrero de 2022.
Las investigaciones realizadas por Zimmerman y otros determinaron que al menos entre el 30% y el 40% de los niños con diagnóstico de autismo regresivo padecen un trastorno mitocondrial, condición con la que posteriormente se diagnosticó a Yates.
Yates está en “perfecta posición” para presentar una demanda tras agotar los recursos en NVICP
Después de agotar todos los recursos del NVICP -un proceso que duró 25 años- se abrieron las compuertas legales, dijo Hazlehurst.
Pero como nadie podía demandar al fabricante de vacunas, el único niño lesionado por la vacuna -de los miles de casos incluidos originalmente en el PAO- que quedó con capacidad legal fue Yates Hazlehurst y su demanda por negligencia médica contra el pediatra que supervisó la administración de sus vacunas.
En última instancia, los mismos expertos médicos, entre ellos Zimmerman y el Dr. Richard Kelley, ex director del Departamento de Genética del Instituto Médico Johns Hopkins -cuyo testimonio el HHS y el DOJ se basó en la concesión de Poling- concluyeron que lo que le ocurrió a Hannah Poling es lo que también le ocurrió a Yates Hazlehurst.
En una declaración jurada que no fue admisible en el juicio por negligencia médica de 2022, Kelley declaró
“También considero, con un alto grado de certeza médica, que el conjunto de vacunas administradas a Yates a los 11 meses mientras estaba enfermo fue la causa inmediata de su regresión autista debido al efecto de estas vacunas de perjudicar aún más la capacidad de sus debilitadas mitocondrias para suministrar cantidades adecuadas de energía al cerebro, el tejido que más energía consume en el cuerpo”.
La opinión del experto Zimmerman sobre la causa de la condición neurológica de Yates era consistente con la opinión de Kelley.
A lo largo del caso de negligencia médica, el abogado de la parte contraria que representaba al pediatra se hizo eco continuamente del eslogan de los CDC: “las vacunas no causan el autismo”.
Dijo Hazlehurst:
“En un caso de negligencia médica, el demandante tiene la carga de probar que el demandado se desvió de la “norma de atención” local o que el demandado no obtuvo el consentimiento informado y que la desviación de la norma de atención o la falta de consentimiento informado causaron las lesiones del demandante.
“El demandante debe probar la norma de atención, el incumplimiento de la norma de atención, la norma de consentimiento informado y la falta de consentimiento informado mediante el testimonio de un perito”.
“La cuestión del consentimiento informado fue muy discutida”, añadió Hazlehurst. En gran medida, el juicio versó sobre si las leyes federales se aplicaban en absoluto al estándar de atención y en qué medida”.
El padre de Yates alegó que el pediatra se desvió de la norma de atención al administrar las vacunas cuando su hijo tenía contraindicaciones para ser vacunado.
Hazlehurst alegó que el estándar de atención incluiría tomar la temperatura de un bebé enfermo antes de administrarle las vacunas y cree que el médico no reconoció que los “episodios de temblores” registrados en los registros médicos eran consistentes con una reacción adversa a la vacuna que debería haber sido considerada antes de administrar más vacunas.
“La mayoría de la gente se escandalizaría si presenciara las pruebas presentadas por la defensa al jurado sobre lo bajos que son los requisitos de consentimiento informado y el estándar de atención para la administración de vacunas infantiles”, dijo Hazlehurst.
Los expertos de la defensa testificaron que el estándar de cuidado no requería tomar la temperatura de un bebé enfermo antes de administrarle una vacuna, que podía ser vacunado incluso estando enfermo y con una infección bilateral del oído activa, mientras tomaba antibióticos y después de sufrir episodios de gritos y temblores tras vacunaciones anteriores, añadió.
La defensa argumentó que el estándar local de atención no incluía seguir la “Contraindicación de las vacunas infantiles” de los CDC.
A Yates se le prohibió presentar testigos expertos clave
Los casos de negligencia médica son muy difíciles de ganar, y encontrar un pediatra que esté dispuesto a testificar en un caso de lesión por vacuna como el de Yates es extremadamente difícil, dijo Hazlehurst.
“A lo largo de la larga trayectoria médica y legal de Yates, varios médicos expresaron que Yates no debería haber sido vacunado en su estado”, dijo Hazlehurst a The Defender.
“Sin embargo, no aceptaron testificar. La mayoría de los expertos que se negaron a testificar expresaron su temor a las consecuencias profesionales negativas si testificaban en un caso de autismo”, dijo.
Yates también estaba limitado en cuanto a los testigos expertos que podía llamar debido a las normas de Tennessee que determinan qué expertos pueden testificar sobre el estándar local de atención.
“Estas normas, junto con la extrema reticencia de los pediatras a testificar en un caso de autismo, limitaron gravemente la capacidad de Yates para imponerse”, dijo Hazlehurst.
Aunque Zimmerman pudo testificar en el caso de negligencia médica de Yates, a Kelley no se le permitió testificar en cuanto a la norma de cuidado y no se le permitió dar una opinión en cuanto a cómo el acusado fue negligente o por qué Yates no debería haber sido vacunado.
“El tribunal concedió una excepción para permitir el testimonio de causalidad del Dr. Kelley porque su testimonio era tan altamente especializado que obviamente no se disponía de otro testigo experto en el campo de los trastornos metabólicos genéticos en Tennessee o en un estado contiguo, pero no se permitió su opinión como pediatra”, dijo Hazlehurst.
Hazlehurst intentó obligar a los CDC a permitir que el Dr. William Thompson, un científico de alto nivel de los CDC, testificara en el caso de Yates, pero la agencia prevaleció e impidió que Thompson testificara.
Thompson admitió en 2014 haber omitido “información estadísticamente significativa” en un estudio de 2004 del que fue coautor junto con otros científicos de los CDC, en el que se afirmaba que la vacuna triple vírica no causaba autismo.
Pero los datos omitidos sugerían que un subgrupo de varones que recibió la vacuna triple vírica tenía un riesgo significativamente mayor de padecer autismo.
“Se tomaron decisiones con respecto a los hallazgos que se informaron después de que se recopilaron los datos, y creo que no se siguió el protocolo final del estudio”, dijo Thompson en un comunicado.
“Cualquier referencia al Dr. William Thompson o al denunciante de los CDC fue posteriormente excluida específicamente por el tribunal en el juicio por negligencia médica de Yates”, dijo Hazlehurst.
“Del mismo modo, al jurado no se le permitió escuchar ninguna referencia a la concesión en el caso Poling y específicamente los comentarios de Gerberding”, que en 2010 dejó el CDC y se convirtió en el jefe de pacientes y vicepresidente ejecutivo de Merck – el fabricante de la vacuna MMR.
Debido al considerable tiempo transcurrido entre la supuesta mala praxis y el juicio, varios testigos de hecho y expertos fallecieron.
Un testigo de hecho crítico y dos médicos dispuestos a testificar a favor de Yates, fallecieron antes del juicio. Otros dos médicos que inicialmente prestaron declaración jurada sobre la negligencia y la causalidad se echaron atrás, dejando a Yates sin los expertos necesarios para reforzar su posición.
No ocurrió lo mismo con el acusado, que no tuvo dificultades para encontrar testigos expertos que testificaran a su favor, dijo Hazlehurst.
“El conjunto de expertos que convocó la defensa no dejó lugar a dudas sobre la importancia de este caso que podría sentar un precedente y planteó la cuestión de qué fuerzas estaban en juego detrás de la escena”, dijo.
“Yates no sólo se enfrentaba al médico y la clínica locales, y David no siempre vence a Goliat”, dijo Hazlehurst.
El veredicto en el caso de negligencia médica de Yates
Al final del juicio, el jurado respondió a dos preguntas basadas en las pruebas que se le permitieron considerar y en las instrucciones proporcionadas por el tribunal.
Los abogados de Yates pidieron una instrucción para el jurado en la que se citara el texto de la Ley de Vacunas según el cual se debe entregar un VIS a los padres del niño antes de la administración de una vacuna.
Aunque el juez aprobó originalmente la instrucción antes del comienzo del juicio, posteriormente revirtió su decisión y eliminó la instrucción crítica antes de la deliberación del jurado, dijo Hazlehurst.
La primera pregunta a la que respondió el jurado fue: “¿Proporcionaron los acusados la información necesaria a los padres de Yates Hazlehurst para que éstos pudieran formular una decisión inteligente e informada sobre la autorización o el consentimiento para que Yates Hazlehurst recibiera sus vacunas infantiles el 8 de febrero de 2001?”.
El jurado respondió “sí”.
La segunda pregunta que respondió el jurado fue: “¿Se desviaron los acusados de la norma reconocida de práctica profesional aceptable en esta comunidad médica o en una comunidad médica similar en su tratamiento del demandante Yates Hazlehurst al administrarle las vacunas el 8 de febrero de 2001?”
El jurado respondió “no”.
Aunque el jurado nunca abordó la cuestión de si una vacuna puede causar lesiones neurológicas, incluido el autismo, se descubrieron y conservaron valiosas pruebas durante la batalla legal de Yates.
Los mejores expertos del mundo en el campo del autismo y el trastorno mitocondrial explicaron en un vídeo cómo la administración de “vacunas infantiles rutinarias” puede causar autismo, dijo Hazlehurst a The Defender.
“Estos fueron los mismos expertos médicos que obligaron al HHS y al DOJ a conceder en secreto el caso de Hannah Poling durante la OAP en el llamado tribunal de vacunas”, dijo.
El juicio expuso pruebas convincentes del nivel increíblemente bajo de la práctica que se enseña a los estudiantes de medicina y a los médicos, e ilumina cómo las leyes contenidas en la Ley de Vacunas -diseñadas para asegurar que un paciente reciba el consentimiento informado- son inaplicables y en gran medida carecen de sentido, dijo Hazlehurst.
Muchas de las razones por las que Yates perdió su caso son las mismas que subyacen a la epidemia de autismo, añadió.
Hazlehurst dijo a The Defender que tiene un sincero agradecimiento a todos los que han ayudado a Yates durante los últimos 20 años, tanto en su lucha médica como legal.
“Independientemente del veredicto del jurado, la exposición de las pruebas que salieron a la luz en los casos legales de Yates Hazlehurst será una poderosa herramienta hacia el objetivo final de sacar a la luz la verdad y acabar con la epidemia del autismo”, dijo.
La CHD y Hazlehurst dijeron que seguirán luchando por los niños lesionados por las vacunas.
En palabras de Winston Churchill, “Ahora no es el final. Ni siquiera es el principio del fin. Pero es, quizás, el final del principio”, dijo Hazlehurst.
Los puntos de vista y las opiniones expresadas en este artículo son los de los autores y no reflejan necesariamente las opiniones de Children’s Health Defense.
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