Enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional de la OMS: Guía anotada

El papel cambiante de la OMS

¿Quién es la OMS?

La OMS se creó después de la Segunda Guerra Mundial como el brazo sanitario de las Naciones Unidas, para apoyar los esfuerzos por mejorar la salud de la población a nivel mundial. Basada en el concepto de que la salud iba más allá de lo físico (abarcando «el bienestar físico, mental y social«), su constitución se basó en el concepto de que todas las personas eran iguales y nacían con derechos básicos inviolables. En 1946, el mundo estaba emergiendo de la brutalidad del colonialismo y el fascismo internacional; los resultados de una autoridad excesivamente centralizada y de considerar a las personas como fundamentalmente desiguales. La constitución de la OMS estaba pensada para poner a las poblaciones a cargo de la salud.

En las últimas décadas, la OMS ha evolucionado a medida que su base de apoyo de financiación básica asignada por los países, basada en el PIB, evolucionó hacia un modelo en el que la mayor parte de la financiación se destina a usos específicos, y gran parte es aportada por intereses privados y corporativos. Las prioridades de la OMS han evolucionado en consecuencia, alejándose de la atención centrada en la comunidad para adoptar un enfoque más vertical, basado en los productos básicos. Esto obedece inevitablemente a los intereses e intereses propios de estos financiadores. Se puede encontrar más información sobre esta evolución en otro lugar; estos cambios son importantes para poner en contexto las enmiendas propuestas al Reglamento Sanitario Internacional (RSI).

De igual importancia es el hecho de que la OMS no está sola en el ámbito sanitario internacional. Si bien algunas organizaciones como UNICEF (cuyo objetivo original era dar prioridad a la salud y el bienestar de la infancia), fundaciones privadas y organizaciones no gubernamentales llevan mucho tiempo colaborando con la OMS, en las dos últimas décadas se ha producido un florecimiento de la industria sanitaria mundial, con múltiples organizaciones, en particular «asociaciones público-privadas» (APP) cada vez más influyentes; en algunos aspectos rivales y en otros socios de la OMS.

Entre las APP destacan la Gavi – Alianza para las Vacunas (centrada específicamente en las vacunas) y la CEPI, una organización creada en la reunión del Foro Económico Mundial de 2017 específicamente para gestionar pandemias, por la Fundación Bill y Melinda Gates, Wellcome Trust y el Gobierno noruego. Gavi y CEPI, junto con otras como Unitaid y el Global Fund, incluyen intereses corporativos y privados directamente en sus juntas. El Banco Mundial y el G20 también han aumentado su implicación en la salud mundial, y especialmente en la preparación ante pandemias. La OMS ha declarado que las pandemias ocurrieron sólo una vez por generación durante el siglo pasado y mataron a una fracción de los que murieron por enfermedades infecciosas endémicas, pero sin embargo ellas atraen gran parte de este interés corporativo y financiero.

La OMS es ante todo una burocracia, no un conjunto de expertos. La contratación se basa en diversos factores, entre ellos la competencia técnica, pero también cuotas por países y otras relacionadas con la equidad. Estas cuotas sirven para reducir el poder de determinados países de dominar la organización con su propio personal, pero al hacerlo requieren la contratación de personal que puede tener una experiencia o unos conocimientos muy inferiores. En la contratación también influye mucho el personal interno de la OMS y las influencias personales habituales que conlleva trabajar y necesitar favores dentro de los países.

Una vez contratados, la estructura de pagos favorece en gran medida a los que permanecen durante largos periodos, lo que mitiga la rotación hacia otras especialidades a medida que cambian las funciones. Un miembro del personal de la OMS debe trabajar 15 años para recibir su pensión completa, y una dimisión anticipada conlleva la supresión total o parcial de la contribución de la OMS a su pensión. Esto, unido a las cuantiosas ayudas a la vivienda, el seguro médico, las generosas ayudas a la educación, los ajustes por el costo de la vida y los sueldos libres de impuestos, crea una estructura en la que la protección de la institución (y, por tanto, de los propios beneficios) puede perdurar mucho más allá de la intención altruista inicial.

El Director General y los Directores Regionales (RD – que son seis) son elegidos por los Estados miembros en un proceso sujeto a fuertes maniobras políticas y diplomáticas. El actual Director General es Tedros Adhanom Ghebreyesus, un político etíope con un accidentado pasado durante la guerra civil etíope. Las enmiendas propuestas permitirían a Tedros tomar de forma independiente todas las decisiones necesarias en el seno del RSI, consultando a voluntad a un comité pero sin estar obligado por él. De hecho, puede hacerlo ahora, habiendo declarado la viruela del mono como emergencia de salud pública de importancia internacional (PHEIC, por sus siglas en inglés) en contra del parecer de su comité de emergencia, tras sólo cinco muertes en todo el mundo.

Al igual que muchos empleados de la OMS, he presenciado personalmente, y conozco, ejemplos de aparente corrupción dentro de la organización, desde las elecciones de Director Regional hasta la renovación de edificios y la importación de bienes. Tales prácticas pueden darse en el seno de cualquier gran organización humana que haya vivido una o dos generaciones más allá de su fundación. Esta es, por supuesto, la razón por la que el principio de la separación de poderes existe comúnmente en la gobernanza nacional; los que hacen las reglas deben responder ante un poder judicial independiente de acuerdo con un sistema de leyes al que todos están sujetos. Como esto no puede aplicarse a las agencias de la ONU, deberían quedar automáticamente excluidas de la elaboración directa de normas sobre las poblaciones. La OMS, como otros organismos de la ONU, es esencialmente una ley en sí misma.

Nuevos instrumentos de la OMS para la preparación ante pandemias y emergencias sanitarias.

La OMS está trabajando actualmente en dos acuerdos que ampliarán sus poderes y su papel en las emergencias sanitarias y pandemias declaradas. Estos también implican ampliar la definición de «emergencias sanitarias» dentro de las cuales se pueden utilizar tales poderes. El primer acuerdo consiste en una propuesta de modificación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), un instrumento con fuerza de ley internacional que existe de alguna forma desde hace décadas y que se modificó significativamente en 2005 tras el brote de SRAS de 2003.

El segundo es un nuevo «tratado» que tiene una intención similar a las enmiendas al RSI. Ambos están pasando por comités de la OMS, audiencias públicas y reuniones de revisión, para ser presentados ante la Asamblea Mundial de la Salud (WHA – la reunión anual de todos los países miembros [‘Estados parte’] de la OMS), probablemente en 2023 y 2024 respectivamente.

El debate se centra aquí en las enmiendas al RSI, por ser las más avanzadas. Al ser enmiendas de un mecanismo de tratado existente, sólo requieren la aprobación del 50% de los países para entrar en vigor (sujetas a procesos de ratificación específicos de cada Estado miembro). El nuevo «tratado» requerirá dos tercios de los votos de la Asamblea Mundial de la Salud para ser aceptado. El sistema de la AMS de un país – un voto, da a países como Niue, con menos de dos mil habitantes, la misma voz que a países con cientos de millones (por ejemplo, India, China, EE.UU.), aunque la presión diplomática tiende a encauzar a los países en torno a sus beneficiarios.

El proceso de enmiendas al RSI dentro de la OMS es relativamente transparente. No hay ninguna conspiración a la vista. Las enmiendas son propuestas ostensiblemente por las burocracias nacionales, recopiladas en el sitio web de la OMS. La OMS ha sido inusualmente diligente a la hora de abrir las audiencias a las propuestas públicas. La intención de las enmiendas al RSI de cambiar la naturaleza de la relación entre los países y la OMS (es decir, un organismo supranacional ostensiblemente controlado por ellos), y cambiar fundamentalmente la relación entre las personas y la autoridad supranacional central, es visible para todos.

Principales enmiendas propuestas al RSI

Las enmiendas al RSI pretenden cambiar fundamentalmente la relación entre los individuos, los gobiernos de sus países y la OMS. Colocan a la OMS como poseedora de derechos por encima de los de los individuos, borrando los principios básicos desarrollados tras la Segunda Guerra Mundial en relación con los derechos humanos y la soberanía de los Estados. Con ello, señalan el regreso a un enfoque colonialista y feudalista fundamentalmente distinto al que se han acostumbrado los habitantes de los países relativamente democráticos. La ausencia de una reacción contundente por parte de los políticos, la falta de preocupación de los medios de comunicación y la consiguiente ignorancia del público en general resultan, por tanto, extrañas y alarmantes.

A continuación se discuten los aspectos de las enmiendas que implican los mayores cambios en el funcionamiento de la sociedad y las relaciones internacionales. Seguidamente se incluyen extractos comentados del documento de la OMS (REF). Disponible en el sitio web de la OMS, se encuentra actualmente en proceso de revisión para subsanar errores gramaticales evidentes y mejorar la claridad.

Restablecimiento de los derechos humanos internacionales a un modelo anterior y autoritario

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, acordada por la ONU tras la Segunda Guerra Mundial y en el contexto de una gran parte del mundo emergiendo de un yugo colonialista, se basa en el concepto de que todos los seres humanos nacen con derechos iguales e inalienables, adquiridos por el simple hecho de nacer. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos pretendía codificar estos derechos para evitar el retorno a la desigualdad y al régimen totalitario. La igualdad de todos los individuos se expresa en el artículo 7:

«Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.»

Este entendimiento sustenta la constitución de la OMS y forma la base del moderno movimiento internacional de derechos humanos y del derecho internacional de los derechos humanos.

El concepto de que los Estados son representativos de su pueblo y tienen soberanía sobre el territorio y las leyes por las que su pueblo es gobernado, estaba estrechamente relacionado con esto. A medida que los pueblos salían del colonialismo, afirmaban su autoridad como entidades independientes dentro de fronteras que ellos controlaban. Los acuerdos internacionales, incluido el actual RSI, así lo reflejaban. La OMS y otros organismos internacionales desempeñarían un papel de apoyo y darían consejos, no instrucciones.

Las enmiendas propuestas al RSI invierten estos entendimientos. La OMS propone que se elimine del texto la expresión «con pleno respeto de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas», sustituyéndola por «equidad, coherencia, inclusividad», términos vagos cuyas aplicaciones se diferencian luego específicamente en el texto según niveles de desarrollo social y económico. Se elimina la igualdad subyacente de los individuos, y los derechos pasan a estar sujetos a un estatus determinado por otros en función de una serie de criterios que ellos mismos definen. Esto trastoca por completo la concepción previa de la relación de todos los individuos con la autoridad, al menos en los Estados no totalitarios.

Se trata de un planteamiento totalitario de la sociedad, en el que los individuos sólo pueden actuar a merced de otros que ejercen el poder al margen de la sanción legal; en concreto, una relación feudal, o de monarca-súbdito sin una constitución que intervenga. Es difícil imaginar un problema mayor al que se enfrente la sociedad y, sin embargo, los medios de comunicación que reclaman reparaciones por la esclavitud del pasado guardan silencio sobre una propuesta de acuerdo internacional coherente con su reimposición.

Otorgar a la OMS autoridad sobre los Estados miembros.

Esta autoridad es considerada por encima de los Estados (es decir, los gobiernos electos u otros gobiernos nacionales), y la definición específica de «recomendaciones» pasa de ser «no vinculante» (por supresión) a «vinculante» mediante una declaración específica según la cual los Estados se comprometerán a seguir (en lugar de «considerar») las recomendaciones de la OMS. Los Estados aceptarán a la OMS como «autoridad» en emergencias internacionales de salud pública, elevándola por encima de sus propios ministerios de salud. Mucho depende de lo que sea una emergencia sanitaria de importancia internacional (PHEIC) y de quién la defina. Como se explica más adelante, estas enmiendas ampliarán la definición de PHEIC para incluir cualquier evento sanitario que un individuo en particular en Ginebra (el Director General de la OMS) considere personalmente de preocupación real o potencial.

Los poderes que los gobiernos nacionales cederán a la DG incluyen ejemplos bastante específicos que pueden requerir cambios en los sistemas jurídicos nacionales. Entre ellos figuran la detención de personas, la restricción de viajar, la imposición de intervenciones sanitarias (pruebas, inoculación) y la obligación de someterse a exámenes médicos.

Para los observadores de la respuesta COVID-19, no resulta sorprendente que entre las restricciones propuestas a los derechos individuales bajo la discreción de la DG se incluya la libertad de expresión. La OMS tendrá el poder de calificar las opiniones o la información de «información errónea o desinformación» y exigir a los gobiernos de los países que intervengan y detengan dicha expresión y difusión. Esto probablemente chocará con algunas constituciones nacionales (por ejemplo, la de Estados Unidos), pero será una bendición para muchos dictadores y regímenes de partido único. Por supuesto, es incompatible con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero parece que estos ya no son los principios rectores de la OMS.

Tras autodeclarar una emergencia, el DG tendrá autoridad para dar instrucciones a los gobiernos para que proporcionen recursos – fondos y productos básicos – a la OMS y a otros países. Esto incluirá una intervención directa en la fabricación, aumentando la producción de determinados productos fabricados dentro de sus fronteras.

Los países cederán a la OMS el derecho de patentes y de propiedad intelectual (PI), incluido el control de los conocimientos técnicos de fabricación, de los productos que el DG considere pertinentes para el problema de salud potencial o real que haya considerado de interés. La propiedad intelectual y los conocimientos técnicos de fabricación pueden luego cederse a rivales comerciales a discreción del DG. Estas disposiciones parecen reflejar cierto grado de estupidez y, a diferencia de la supresión básica de los derechos humanos fundamentales, los intereses creados en este caso bien podrían insistir en su eliminación del proyecto de RSI. Los derechos de las personas deberían ser, por supuesto, primordiales, pero con la mayoría de los medios de comunicación ausentes de la contienda, es difícil ver un nivel de defensa igualitario.

Otorgar al DG de la OMS un poder sin restricciones y garantizar que se utilizará

La OMS ha desarrollado previamente procesos que garantizan al menos una apariencia de consenso y una base empírica en la toma de decisiones. Su proceso de elaboración de directrices exige, al menos sobre el papel, que se busque y documente una serie de conocimientos especializados y que se sopese la fiabilidad de una serie de pruebas. Un ejemplo son las directrices de 2019 sobre la gestión de la gripe pandémica, en las que se establecen recomendaciones para los países en caso de que se produzca un brote de este tipo de virus respiratorio. La ponderación de estas pruebas dio lugar a que la OMS desaconsejara firmemente el rastreo de contactos, la cuarentena de personas sanas y el cierre de fronteras, ya que las pruebas habían demostrado que se esperaba que estas medidas causaran más daño general a la salud a largo plazo que el beneficio obtenido, si lo hubiera, de ralentizar la propagación de un virus. Estas directrices se ignoraron cuando se declaró la emergencia por COVID-19 y la autoridad pasó a una persona, el director general.

Las enmiendas al RSI refuerzan aún más la capacidad del director general para ignorar cualquiera de estos procedimientos basados en evidencias. Trabajando a varios niveles, proporcionan al DG, y a aquellos delegados por el DG, un poder excepcional y arbitrario, y ponen en marcha medidas que hacen inevitable el ejercicio de dicho poder.

En primer lugar, se suprime el requisito de que exista una emergencia sanitaria real, en la que las personas estén sufriendo un daño mensurable o corran el riesgo de sufrirlo. La redacción de las enmiendas elimina específicamente el requisito del daño para que la DG asuma el poder sobre países y personas. Se suprime la necesidad de un «riesgo para la salud pública» demostrable y se sustituye por un «potencial» de riesgo para la salud pública.

En segundo lugar, un mecanismo de vigilancia establecido en cada país en virtud de estas enmiendas, y discutido también en los documentos de preparación para pandemias del G20 y el Banco Mundial, identificará nuevas variantes de virus que surgen constantemente en la naturaleza, todas las cuales, en teoría, podrían suponer un riesgo potencial de brote hasta que se demuestre lo contrario. El personal que dirija esta red de vigilancia, que será considerable y mundial, no tendrá otra razón de ser que identificar aún más virus y variantes. Gran parte de su financiación procederá de intereses privados y corporativos que esperan obtener beneficios económicos de las respuestas basadas en vacunas que prevén para los brotes de enfermedades infecciosas.

En tercer lugar, el DG tiene autoridad exclusiva para declarar «emergencia» cualquier acontecimiento relacionado (o potencialmente relacionado) con la salud. (Los seis Directores Regionales (DR) de la OMS también tendrán este poder a nivel regional). Como se vio con el brote de viruela del mono, el DG ya puede ignorar al comité designado para asesorar sobre emergencias. Las enmiendas propuestas eliminarán la necesidad de que el DG obtenga el consentimiento del país en el que se identifique una amenaza potencial o percibida. En caso de emergencia declarada, el DG podrá modificar las normas FENSA sobre el trato con entidades privadas (por ejemplo, con ánimo de lucro), lo que le permitirá compartir la información de un Estado no sólo con otros Estados, sino también con empresas privadas. (NdT: FENSA, siglas en inglés del «Marco para la colaboración con agentes no estatales», Asamblea Mundial de la Salud, 2016).

Los mecanismos de vigilancia que se exigen a los países y que se expanden dentro de la OMS garantizarán que el DG y los DR tengan un flujo constante de riesgos potenciales para la salud pública cruzando sus escritorios. En cada caso, tendrán poder para declarar tales sucesos como una emergencia sanitaria de interés internacional (o regional), emitiendo órdenes supuestamente vinculantes según el derecho internacional para restringir la circulación, detener, inyectar a gran escala, ceder propiedad intelectual y conocimientos técnicos, y proporcionar recursos a la OMS y a otros países que el DG considere que los necesitan. Incluso un DG no interesado en ejercer tal poder se enfrentará a la realidad de que se pone en riesgo de ser el que no «intentó «detener» la próxima pandemia, presionado por intereses corporativos con cientos de miles de millones de dólares en juego, y una enorme influencia mediática. Esta es la razón por la que las sociedades cuerdas nunca crean este tipo de situaciones.

¿Qué pasará después?

Si se aceptan estas enmiendas, las personas que tomen el control sobre las vidas de otros no tendrán ninguna supervisión legal real. Tienen inmunidad diplomática (de todas las jurisdicciones nacionales). Los salarios de muchos dependerán del patrocinio de particulares y empresas con intereses financieros directos en la decisión que tomen. Estas decisiones de comités que no rinden cuentas crearán mercados masivos de productos básicos o proporcionarán conocimientos técnicos a rivales comerciales. La respuesta de COVID-19 mostró los beneficios empresariales que permitirán tales decisiones. Se trata de una situación obviamente inaceptable en cualquier sociedad democrática.

Si bien la Asamblea Mundial de la Salud ejerce la supervisión general de la política de la OMS con un consejo ejecutivo compuesto por sus miembros, estos funcionan de forma orquestada; muchos delegados tienen poco peso en los procedimientos mientras los burócratas redactan y negocian. Los países que no comparten los valores consagrados en las constituciones de las naciones más democráticas tienen igualdad de voto en las políticas. Si bien es cierto que los Estados soberanos tienen los mismos derechos, los derechos humanos y la libertad de los ciudadanos de una nación no pueden cederse a los gobiernos de otras, ni a una entidad no estatal que se sitúe por encima de ellos.

Muchas naciones han desarrollado controles y contrapesos a lo largo de los siglos, basados en una comprensión de los valores fundamentales, diseñados específicamente para evitar el tipo de situación que ahora vemos surgir, en la que un grupo es ley para sí mismo y puede eliminar y controlar arbitrariamente la libertad de los demás. Los medios de comunicación libres se desarrollaron como una salvaguardia suplementaria, basada en los principios de libertad de expresión e igualdad de derecho a ser escuchado. Estos valores son necesarios para que existan la democracia y la igualdad, del mismo modo que es necesario eliminarlos para introducir el totalitarismo y una estructura basada en la desigualdad. Las enmiendas propuestas al RSI se proponen explícitamente hacer esto.

Los nuevos poderes propuestos por la OMS, y la industria de preparación para pandemias que se está construyendo a su alrededor, no son ocultados. El único subterfugio es el enfoque absurdo de los medios de comunicación y los políticos de muchos países, que parecen fingir que estas propuestas no existen o que, si se aplican, no cambiarán fundamentalmente la naturaleza de la relación entre las personas y los poderes centralizados no estatales. Las personas que pasarán a estar sujetas a estos poderes, y los políticos que van camino de cederlos, deberían empezar a prestar atención. Todos debemos decidir si deseamos ceder tan fácilmente lo que ha costado siglos ganar, para aplacar la codicia de otros.

Resumen anotado de las cláusulas significativas de las enmiendas al RSI.

Notas. (Se han añadido cursivas para enfatizar las cláusulas del borrador del RSI).

DG: Director General (De la OMS)
FENSA: (OMS) Marco para la participación de agentes no estatales
RSI: Reglamento Sanitario Internacional
PHEIC: Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional.
AMS: Asamblea Mundial de la Salud
OMS: Organización Mundial de la Salud
«Estados Partes» en la jerga de la ONU (es decir, países con autogobierno) se simplifica a continuación a «Estado(s)» o «país».

Véase el documento completo en el portal del RSI de la OMS.

1. Preparando el terreno: Establecimiento de la autoridad de la OMS sobre las personas y los gobiernos nacionales en la toma de decisiones relacionadas con la salud.

Artículo 1. Definiciones

«Tecnologías y conocimientos sanitarios»: Incluye «otras tecnologías sanitarias», [cualquiera de ellas que resuelva un problema de salud y mejore la «calidad de vida» e incluye las tecnologías y los conocimientos técnicos que intervienen en el] «proceso de desarrollo y fabricación», así como su «aplicación y utilización».

Obsérvese la importancia del requisito de que los países los cedan a otras entidades a petición de la OMS. Esto debe ser inaceptable para la mayoría de los sistemas legales y corporaciones existentes.

«recomendación permanente» significa asesoramiento no vinculante emitido por la OMS
«recomendación temporal» significa asesoramiento no vinculante emitido por la OMS

«Recomendaciones permanentes» y «recomendaciones temporales»: La eliminación del «no vinculante» es coherente con el requisito posterior de que los Estados consideren obligatorias las «recomendaciones» del DG.

Artículo 2: Ámbito de aplicación y finalidad (del RSI)

«La finalidad y el ámbito de aplicación del presente Reglamento son prevenir, proteger, preparar, controlar y proporcionar una respuesta de salud pública a la propagación internacional de enfermedades, incluyendo a través de la preparación y la resiliencia de los sistemas de salud de manera proporcional y restringida al riesgo para la salud pública todos los riesgos con potencial para impactar la salud pública, y que…»

Se ha cambiado la redacción de «restringido al riesgo para la salud pública» a «restringido a todos los riesgos con potencial para impactar en la salud pública». Salud pública es un término extremadamente amplio, y los riesgos potenciales pueden ser cualquier virus, toxina, cambio de comportamiento humano, artículo u otra fuente de información que pueda afectar a cualquier cosa en este vasto campo. Se trata de una pomada abierta que, en la práctica, otorgaría a la OMS jurisdicción sobre cualquier cosa que pudiera estar vagamente relacionada con algún cambio en la salud o el bienestar, según lo perciba el DG o el personal delegado. Normalmente, a un departamento gubernamental no se le concederían derechos tan amplios para interferir y tomar el control. En este caso, no hay supervisión directa por parte de un parlamento que represente al pueblo, ni jurisdicción legal específica que cumplir. Permite al director general de la OMS inmiscuirse y dar recomendaciones (ya no «no vinculantes») sobre casi todo lo que concierne a la vida en sociedad. La salud, según la definición de la OMS, es el bienestar físico, mental y social.

Artículo 3: Principios

«La aplicación del presente Reglamento se hará respetando plenamente la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, sobre la base de los principios de equidad, inclusión y coherencia y en conformidad con las responsabilidades comunes pero diferenciadas de los Estados Partes, teniendo en cuenta su desarrollo social y económico.»

Esto supone un cambio fundamental en el enfoque de los derechos humanos de la ONU, incluida la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) que todos los países de EE.UU. han suscrito. Se elimina el concepto de derechos fundamentales amplios (iguales para todos) y se sustituye por la vacua expresión «equidad, inclusividad, coherencia». Se considera que los derechos humanos (del individuo) se basan en el desarrollo económico y «social». Esto implica que los ricos y los pobres tienen derechos diferentes, y que existe una jerarquía de «desarrollo» que define los derechos de cada uno. Se trata de una vuelta a una visión feudalista o colonialista de los derechos humanos (en muchos aspectos las excusas utilizadas para justificar la esclavitud), de la que la OMS de posguerra y la DUDH habían intentado alejarse.

«se guiarán por el objetivo de su aplicación universal para la protección de todos los pueblos del mundo contra la propagación internacional de enfermedades. Al aplicar el presente Reglamento, las Partes y la OMS deberán actuar con precaución, en particular cuando se trate de agentes patógenos desconocidos.»

De nuevo, adición de una cláusula que permite a la OMS pasar por encima de los derechos humanos previamente establecidos, incluso para amenazas especulativas (desconocidas).

Artículo 4: Autoridades responsables

«Cada país debe designar una «autoridad responsable autorizada» para que la OMS actúe de enlace con ella. Aparentemente inocuo, pero refleja el cambio de mentalidad en el estatus dentro de estas regulaciones, con la OMS convirtiéndose en un organismo que exige el cumplimiento, ya no «sugiriendo» o «apoyando».

Estableciendo la burocracia internacional de preparación para pandemias con la OMS en el centro.

Artículo 5: Vigilancia

Estas enmiendas establecen/amplían un mecanismo de revisión periódica, similar a la oficina de derechos humanos de la ONU. Esto parece en sí mismo inofensivo, pero es una fuga de recursos muy grande, especialmente para los países más pequeños, y requiere (como en el caso del cumplimiento de los derechos humanos) una gran burocracia internacional dedicada (OMS) y una base de consultores. La OMS exigirá informes periódicos detallados, enviará asesores y exigirá cambios. Esto plantea cuestiones tanto sobre (1) la soberanía en materia de salud como sobre (2) el uso racional y adecuado de los recursos. En este caso, la OMS no está evaluando las necesidades sanitarias del país, sino que está evaluando un pequeño aspecto y dictando los recursos que se gastan en él, sin tener en cuenta otras cargas sanitarias. Esta es una forma fundamentalmente deficiente y peligrosa de gestionar la salud pública y significa que es poco probable que los recursos se gasten para obtener el máximo beneficio general.

Artículo 6: Notificación

Los países (Estados Partes) deben poner la información a disposición de la OMS a petición de ésta, y la OMS puede ponerla a disposición de otras partes (véanse las cláusulas posteriores) de una manera que aún debe determinar la AMS. Esto puede parecer inocuo pero, en realidad, elimina la soberanía de los Estados sobre los datos (que había sido significativa antes de las enmiendas de la IHA de 2005). Es poco probable que los Estados poderosos cumplan, pero los más pequeños no tendrán muchas opciones (China ha inhibido significativamente la información y es probable que siga haciéndolo. Se puede argumentar que esto es apropiado, ya que dicha información puede tener importantes implicaciones económicas y sociales).

Artículo 10: Verificación

«Si el Estado Parte no acepta el ofrecimiento de colaboración en un plazo de 48 horas, la OMS podrá, cuando lo justifique la magnitud del riesgo para la salud pública, compartir inmediatamente con otros Estados Partes la información de que disponga, alentando al mismo tiempo al Estado Parte a aceptar el ofrecimiento de colaboración de la OMS, teniendo en cuenta las opiniones del Estado Parte de que se trate.»

La OMS adquiere poder para compartir información de un Estado o perteneciente a un Estado con otros Estados, sin consentimiento. Esto es notable: Es importante entender quién es la OMS (esencialmente sin obligación de rendir cuentas más allá de la AMS).

Artículo 11: Intercambio de información (anteriormente, suministro de información por parte de la OMS).

Este artículo permite a la OMS compartir la información obtenida, según lo expuesto más arriba, tanto con la ONU como con organismos no gubernamentales (los destinatarios permitidos cambiaron de (antes) intergubernamentales relevantes a (ahora) organizaciones internacionales y regionales relevantes (es decir, ahora incluye organizaciones no relacionadas con los gobiernos nacionales).

Por lo tanto, la OMS puede compartir información estatal con «organizaciones internacionales relevantes», lo que presumiblemente incluye a CEPI, Gavi y Unitaid, organizaciones que tienen representación privada y corporativa en sus consejos con conflictos de intereses financieros directos.

Además:

«Las Partes a las que se hace referencia en esas disposiciones, no pondrán esta información a disposición general de otros Estados Partes, hasta el momento en que (a) se determine que el evento constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional, una emergencia de salud pública de importancia regional, o justifique una alerta intermedia de salud pública, de conformidad con el artículo 12; o…»

Amplía los criterios que determinan cuándo la OMS puede difundir información de Estados soberanos, de PHEIC a «alerta sanitaria» (que en la práctica el DG o sus subordinados podrían aplicar a casi cualquier cosa). Esto podría ocurrir, como se especifica más adelante en el artículo, cuando el personal de la OMS decide que un Estado soberano no tiene «capacidad» para manejar un problema, o cuando el personal de la OMS decide (con criterios no especificados) que es necesario compartir información con otros para hacer evaluaciones de riesgo «oportunas». Esto permite que personal no elegido de la OMS, con sueldos costeados por entidades externas en conflicto, difunda información de Estados directamente relacionados con esas entidades, basándose en su propia evaluación del riesgo y la respuesta, con criterios no definidos.

1. Ampliación de la definición de «emergencia de salud pública» para incluir cualquier evento sanitario o relacionado con patógenos a discreción del DG, y exigencia de cumplimiento por parte de los Estados.

Artículo 12: Determinación de una emergencia de salud pública de importancia internacional, una emergencia de salud pública de importancia regional o una alerta sanitaria intermedia

Este artículo reduce el umbral para que el DG declare una emergencia (puede tratarse simplemente de la preocupación de un posible brote) y aumenta considerablemente el poder de la OMS (elimina el requisito del acuerdo de los Estados) para actuar a continuación.

«Si el Director General considera, basándose en una evaluación realizada con arreglo al presente Reglamento, que se está produciendo una emergencia de salud pública potencial o real de importancia internacional. […] determina que el evento constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional, y el Estado Parte está de acuerdo con respecto a esta determinación, el Director General deberá notificarlo a todos los Estados Partes, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 49, y solicitará las opiniones del Comité establecido en virtud del artículo 48 (pero no está obligado a seguirlas).»

Elimina el requisito de que el Estado acepte la divulgación de información relativa a ese Estado. El DG puede declarar un PHEIC en contra de los deseos e instrucciones de los Estados. La OMS pasa a ser la parte dominante, no la servidora del Estado soberano.

La revisión del comité de emergencia es opcional para el DG, que puede actuar completamente solo en la determinación de la PHEIC – una decisión que puede tener vastas implicaciones sanitarias, sociales y económicas y que se permite por encima derogar normas básicas de derechos humanos.

Si, tras la consulta mencionada en el párrafo 2 arriba, el Director General y el Estado Parte en cuyo territorio se produzca el evento no llegan a un consenso en un plazo de 48 horas sobre si el evento constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional, se tomará una determinación de acuerdo con el procedimiento establecido en el Artículo 49.

Se suprime el requisito de que el DG solicite el acuerdo del Estado antes de actuar.

«El director regional puede determinar que un evento constituye una emergencia de salud pública de importancia regional y proporcionar orientación relacionada a los Estados Partes de la región tanto antes como después de que se notifique un evento que pueda constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional al Director General, quien informará a todos los Estados.«

Los directores regionales parecen disponer de poderes similares, aunque no están claras todas sus implicaciones.

«En caso de cualquier compromiso con actores no estatales en la respuesta de salud pública de la OMS a una situación PHEIC, la OMS seguirá las disposiciones del Marco para la Participación de Actores No Estatales (FENSA). Cualquier desviación de las disposiciones del FENSA deberá ser coherente con el párrafo 73 del FENSA.«

El Marco de la OMS para la Intervención de Agentes No Estatales (FENSA) permite al DG «ejercer flexibilidad en la aplicación de los procedimientos del FENSA» en el caso de una emergencia sanitaria (que aquí en el RSI se amplía, como arriba, a cualquier preocupación que tenga el DG por un daño potencial, independientemente del acuerdo del Estado).

«Los Estados Partes desarrollados y la OMS ofrecerán asistencia a los Estados Partes en desarrollo en función de la disponibilidad de financiación, tecnología y conocimientos…».

Una línea fascinante sobre todo por su uso anacrónico (pero revelador) de los términos de tipo colonialista «en desarrollo» y «desarrollado» en este contexto antes igualitario de la OMS.

«El Estado Parte aceptará o rechazará esa oferta de asistencia en un plazo de 48 horas y, en caso de rechazarla, comunicará a la OMS los motivos de su rechazo, que la OMS compartirá con los demás Estados Partes». En lo que respecta a las evaluaciones in situ, de conformidad con su legislación nacional, el Estado Parte hará esfuerzos razonables para facilitar el acceso a corto plazo a los lugares pertinentes; en caso de denegación, explicará los motivos de la denegación de acceso.»

La OMS se erige en parte dominante. El Estado debe cumplir o dar excusas para no estar de acuerdo con los dictados de la OMS.

«Cuando lo solicite la OMS, los Estados Partes deberían/deberán proporcionar, en la medida de lo posible, apoyo a las actividades de respuesta coordinadas por la OMS, incluido el suministro de productos y tecnologías sanitarias, especialmente diagnósticos y otros dispositivos, equipos de protección personal, terapéuticos y vacunas, para una respuesta eficaz a las PHEIC que se produzcan en la jurisdicción y/o territorio de otro Estado Parte, la creación de capacidad para los sistemas de gestión de incidentes, así como para los equipos de respuesta rápida.»

Se cambia «debería» por «deberá», exigiendo a los Estados que proporcionen recursos a petición de la OMS para una PHEIC (por ejemplo, viruela símica de un evento que el DG considere que puede suponer una amenaza potencial.) Esto inicia un tema de la OMS adquiriendo la capacidad de ordenar a los Estados que proporcionen recursos, y (más tarde) know-how y propiedad intelectual cuando el DG se lo ordene.

NUEVO Artículo 13A Respuesta internacional de Salud Pública Dirigida por la OMS

Este nuevo artículo establece explícitamente el nuevo orden internacional en materia de salud pública, con la OMS al mando en el centro, en lugar de que la soberanía nacional sea primordial.

«Los Estados Partes reconocen a la OMS como la autoridad de orientación y coordinación de la respuesta internacional de salud pública durante una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional y se comprometen a seguir las recomendaciones de la OMS en su respuesta internacional de salud pública».

Esto requiere que los Estados sigan las recomendaciones de la OMS en una PHEIC – declarada por un individuo (DG) cuya posición está determinada por estados no democráticos y que está abierta a una amplia influencia del dinero privado y corporativo. Los criterios de las PHEIC son deliberadamente vagos y quedan a discreción del DG. Se trata de una asombrosa inversión de los roles de la OMS frente a los Estados, y abroga claramente la soberanía.

El tremendo fracaso de la respuesta Covid y la derogación por parte de la OMS de sus propias directrices deberían hacer reflexionar sobre este asunto. La OMS podría imponer a los Estados la abrogación de la autonomía corporal en materia de medicación o vacunación, o de pruebas.

«A petición de la OMS, los Estados Partes que tengan las capacidades de producción adoptarán medidas para aumentar la producción de productos sanitarios, incluyendo la diversificación de la producción, la transferencia de tecnología y la creación de capacidad, especialmente en los países en desarrollo.»

La OMS puede exigir (decir) a los países que aumenten la producción de ciertos productos – para interferir en los mercados y el comercio, a discreción de la OMS (DG).

NUEVO Artículo 13A Respuesta Internacional de Salud Pública Dirigida por la OMS

«Los Estados Partes reconocen a la OMS como la autoridad de orientación y coordinación de la respuesta internacional de salud pública durante una Emergencia de salud pública de Importancia Internacional y se comprometen a seguir las recomendaciones de la OMS en su respuesta internacional de salud pública.»

Esto requiere que los Estados sigan las recomendaciones de la OMS en una PHEIC – declarada por un individuo (DG) cuya posición está determinada por estados no democráticos y que está abierta a una amplia influencia del dinero privado y corporativo. Los criterios de las PHEIC son deliberadamente vagos y quedan a discreción del DG. Se trata de una asombrosa inversión de los papeles de la OMS frente a los Estados, y abroga claramente la soberanía. Está exigiendo a los estados soberanos que se sometan a una autoridad externa, cuando quiera que esa autoridad lo desee (ya que el DG de la OMS puede, a través de las enmiendas anteriores, declarar una PHEIC sobre la base de sólo percibir la posibilidad de un evento de enfermedad infecciosa.

La respuesta Covid, incluyendo la abrogación por parte de la OMS de sus propias directrices y políticas, debería dar que pensar aquí. La OMS podría imponer a los Estados la abrogación de la autonomía corporal en materia de medicación o vacunación, o de pruebas.

«A petición de la OMS, los Estados Partes con capacidad de producción adoptarán medidas para aumentar la producción de productos sanitarios, incluso mediante la diversificación de la producción, la transferencia de tecnología y la creación de capacidad, especialmente en los países en desarrollo.»

La OMS puede exigir (decir) a los países que aumenten la producción de determinados productos, para interferir en los mercados y el comercio, a discreción de la OMS (DG).

«La OMS colaborará con otras organizaciones internacionales y otras partes interesadas, de conformidad con las disposiciones de FENSA, para responder a las emergencias de salud pública de importancia internacional.»

Esto permite a la OMS colaborar con agentes no estatales (particulares, Fundaciones, empresas privadas (farmacéuticas, sus patrocinadores, etc.). El FENSA, que restringe tales contactos, puede ser modulado por el DG en una «emergencia sanitaria» que éste declare.

1. La OMS exige a los países que proporcionen recursos, propiedad intelectual y conocimientos técnicos a discreción de la OMS.

Nuevo artículo 13A: Acceso a Productos Sanitarios, Tecnologías y Conocimientos Técnicos para la Respuesta de Salud Pública

«Los Estados Partes cooperarán entre sí y con la OMS para cumplir las recomendaciones formuladas de conformidad con el párrafo 1 y adoptarán medidas para garantizar la disponibilidad oportuna y la asequibilidad de los productos sanitarios requeridos, tales como medios de diagnóstico, terapéuticos, vacunas y otros dispositivos médicos necesarios para la respuesta eficaz a una emergencia de salud pública de importancia internacional.«

La OMS determina la respuesta dentro de las fronteras de los Estados y exige a éstos que proporcionen ayuda a otros países. A petición de la OMS.

«Los Estados Partes establecerán, en sus leyes de propiedad intelectual y leyes y reglamentos conexos, exenciones y limitaciones a los derechos exclusivos de los titulares de propiedad intelectual para facilitar la fabricación, exportación e importación de los productos sanitarios necesarios, incluidos sus materiales y componentes.»

Los Estados cambiarán sus leyes de propiedad intelectual (PI), para permitir compartir la PI a partir de la determinación del DG de una PHEIC, a su discreción, con quien ellos determinen. Es difícil imaginar que un Estado en su sano juicio haga esto, pero aquí es claramente requerido.

«Los Estados Partes utilizarán o cederán a posibles fabricantes, especialmente de países en desarrollo, con carácter no exclusivo, los derechos sobre producto(s) o tecnología(s) sanitaria(s)«

La OMS puede exigir que se comparta la propiedad intelectual con otros Estados (y, por tanto, la propiedad intelectual pasa a empresas privadas dentro de esos Estados).

«A petición de un Estado Parte, otros Estados Partes o la OMS cooperarán rápidamente y compartirán los expedientes reglamentarios pertinentes presentados por los fabricantes en relación con la seguridad y la eficacia, y los procesos de fabricación y control de calidad, en un plazo de 30 días.»

Requisito de divulgar los expedientes reglamentarios confidenciales a otros Estados, incluido al programa de cualificación de la OMS, y a las agencias reguladoras de los Estados soberanos.

«[La OMS deberá]… establecer una base de datos de materias primas y sus posibles proveedores, e) establecer un depósito de líneas celulares para acelerar la producción y reglamentación de productos bioterapéuticos y vacunas similares.»

El hecho de que la OMS posea este tipo de material no tiene precedentes. ¿En virtud de qué leyes y requisitos reglamentarios se haría esto? ¿Quién es responsable de los daños y perjuicios?

«Los Estados Partes adoptarán medidas para garantizar que las actividades de los agentes no estatales, especialmente los fabricantes y los que reivindican derechos de propiedad intelectual conexos, no entren en conflicto con el derecho al más alto nivel posible de salud y con el presente Reglamento y se ajusten a las medidas adoptadas por la OMS y los Estados Partes en virtud de esta disposición, lo que incluye:

a) cumplir las medidas recomendadas por la OMS, incluido el mecanismo de asignación efectuado de conformidad con el párrafo 1.
b) donar un determinado porcentaje de su producción a petición de la OMS.
c) publicar de forma transparente la política de precios.
d) compartir las tecnologías, los conocimientos técnicos para la diversificación de la producción.
e) depositar líneas celulares o compartir otros detalles requeridos por los repositorios o bases de datos de la OMS establecidos de conformidad con el párrafo 5.
f) presentar expedientes reglamentarios relativos a la seguridad y eficacia, así como a los procesos de fabricación y control de calidad, cuando lo soliciten los Estados Partes o la OMS.»

El «más alto nivel posible de salud» va más allá de lo que cualquier Estado tiene ahora. Esto significa efectivamente, tal como está redactado, que la OMS puede exigir a cualquier Estado que divulgue casi cualquier producto confidencial y propiedad intelectual sobre cualquier producto relacionado con el sector sanitario.

Se trata de una lista asombrosa. El DG (OMS) según su propio criterio puede declarar un evento, luego exigir a un Estado que aporte recursos y renuncie a los derechos exclusivos sobre la propiedad intelectual de sus ciudadanos, y que comparta información para permitir que otros fabriquen los productos de sus ciudadanos en competencia directa. La OMS también exige a los Estados que donen productos a la OMS/otros Estados a petición de la DG.

Para comprender el alcance de los derechos de propiedad intelectual que se cederán a la DG, las definiciones (artículo 1) los describen como:

«las tecnologías sanitarias y los conocimientos técnicos» incluyen el conjunto organizado o la combinación de conocimientos, técnicas, productos sanitarios, procedimientos, bases de datos y sistemas desarrollados para resolver un problema de salud y mejorar la calidad de vida, incluidos los relativos al desarrollo o fabricación de productos sanitarios o su combinación, su aplicación o utilización…».

1. La OMS reclama el control de las personas y sus derechos dentro de los Estados

Artículo 18 Recomendaciones relativas a las personas, equipajes, cargamentos, contenedores, medios de transporte, mercancías y paquetes postales.

«Las recomendaciones emitidas por la OMS a los Estados Partes con respecto a las personas podrán incluir los siguientes consejos:…..

– revisar pruebas de exámenes médicos y cualquier análisis de laboratorio;;

• exigir exámenes médicos;
• revisar la prueba de vacunación u otra profilaxis
• exigir la vacunación u otra profilaxis;
• poner a las personas sospechosas bajo observación de salud pública;
• aplicar cuarentenas u otras medidas sanitarias a las personas sospechosas;
• aplicar el aislamiento y el tratamiento de las personas afectadas cuando sea necesario;
• aplicar el rastreo de los contactos de las personas sospechosas o afectadas;
• denegar la entrada a las personas sospechosas y afectadas;
• denegar la entrada de personas no afectadas en las zonas afectadas; y
• aplicar controles de salida y/o restricciones a las personas procedentes de las zonas afectadas.»

Esto (artículo 18) ya existía. El nuevo artículo 13A, sin embargo, exige ahora a los Estados que sigan las recomendaciones de la OMS. Así pues, la OMS podrá ahora, basándose en la sola determinación de un individuo (DG) bajo la influencia de Estados no democráticos y entidades privadas, ordenar a los Estados que encarcelen a sus ciudadanos, que los inyecten, que exijan la identificación del estado médico, que los examinen médicamente, que los aíslen y que restrinjan los viajes.

Esto es claramente demencial.

«[Las recomendaciones emitidas por la OMS deberán]…garantizar mecanismos para desarrollar y aplicar una declaración de salud del viajero en emergencias de salud pública de importancia internacional (PHEIC) para proporcionar mejor información sobre el itinerario de viaje, los posibles síntomas que podrían manifestarse o cualquier medida de prevención que se haya aplicado, como la facilitación del rastreo de contactos, si fuera necesario.»

La OMS puede exigir la disponibilidad de información privada sobre el viaje (itinerario) y exigir la entrega de documentos médicos de viaje. Se trata de exigir la divulgación de información médica privada a la OMS.

Artículo 23 Medidas sanitarias a la llegada y a la salida

«Los documentos que contengan información relativa al destino del viajero (en lo sucesivo, Formularios de Localización de Pasajeros, PLF) deberán presentarse preferentemente en formato digital, con el formato en papel como opción residual. Dicha información no deberá duplicar la información que el viajero ya haya presentado en relación con el mismo viaje, siempre que la autoridad competente pueda tener acceso a ella con objeto de localizar contactos.»

Texto (que claramente necesita más trabajo) orientado a los futuros requisitos de los pasaportes de vacunas para viajes.

1. La OMS prepara el terreno para los pasaportes sanitarios digitales

Artículo 35 Norma general

«Los documentos sanitarios digitales deben incorporar medios para verificar su autenticidad mediante la recuperación desde un sitio web oficial, como un código QR.»

Presagiando además identificaciones digitales que contengan información sanitaria, que deben estar disponibles para permitir el viaje (es decir, no a discreción del individuo).

Artículo 36 Certificados de vacunación u otra profilaxis

«Dichas pruebas podrán incluir certificados de análisis y certificados de recuperación. Estos certificados podrán ser diseñados y aprobados por la Asamblea de Salud de acuerdo con las disposiciones establecidas para los certificados digitales de vacunación o profilaxis, y deberán considerarse sustitutivos o complementarios de los certificados digitales o en papel de vacunación o profilaxis.»

Como arriba. Designar a la OMS/OMS para establecer los requisitos de los viajes internacionales (la DUDH dice que hay un derecho básico a viajar). Aunque esto no es nuevo, se amplía con la expansión de las disposiciones PHEIC, y se centra más en la determinación del DG. Está pasando de la soberanía nacional a un control transnacional de los viajes más allá de la soberanía nacional, que no responde directamente ante la población, sino que está fuertemente financiado e influido por intereses privados.

«Las medidas sanitarias adoptadas de conformidad con el presente Reglamento, incluidas las recomendaciones formuladas en virtud de los artículos 15 y 16, serán iniciadas y completadas sin demora por todos los Estados Partes«

Exigencia de que todos los países cumplan con estas recomendaciones (sólo necesitan el 50% de la AMS para aplicarlas).

«Los Estados Partes también adoptarán medidas para garantizar que los agentes no estatales que operen en sus respectivos territorios cumplan dichas medidas.»

También requiere que las entidades privadas y los ciudadanos dentro del estado cumplan (lo que probablemente requiera cambios de muchas leyes nacionales, y de la relación entre gobierno y pueblo).

Esto requiere un enfoque totalitario por parte del Estado, sujeto a un enfoque totalitario por parte de una entidad supraestatal (pero claramente no meritocrática). Tras estas revisiones del RSI, el DG de la OMS, a su discreción, tiene la capacidad de ordenar a entidades privadas y ciudadanos de cualquier país que cumplan sus directivas.

1. La OMS siendo facultada para ordenar cambios dentro de los Estados, incluyendo restricciones a la libertad de expresión.

Artículo 43 Medidas sanitarias adicionales

«[Las medidas aplicadas por los Estados no serán más restrictivas de lo que]… permita alcanzar el nivel más alto posible de protección de la salud.»

Estos cambios son muy significativos. Apropiado» significa tener en cuenta los costes y sopesarlos con los posibles beneficios. Es un planteamiento sensato que tiene en cuenta el conjunto de la sociedad y las necesidades de la población (buena salud pública).

El «mayor nivel de protección posible» significa elevar este problema (una enfermedad infecciosa o potencial) por encima de todas las demás preocupaciones sanitarias y humanas/sociales. Esto es estúpido, y probablemente refleja falta de reflexión y escasa comprensión de la salud pública.

«La OMS podrá solicitar que formulará recomendaciones al Estado Parte interesado para que reconsidere, modifique o revoque la aplicación de las medidas sanitarias adicionales …»

En cuanto a la eliminación de las intervenciones sanitarias, la Dirección General de la OMS puede ahora exigir tales acciones (los Estados han aceptado que las «recomendaciones» sean vinculantes más arriba). Como en otros casos, la OMS no es quien da las instrucciones, ni quien las sugiere. La OMS asume la soberanía sobre asuntos que antes eran de los Estados. El párrafo siguiente exige una respuesta en 2 semanas en lugar de los 3 meses anteriores.

Artículo 44 Colaboración y asistencia

«Los Estados Partes se comprometerán a colaborar entre sí y a prestarse asistencia, en particular a los países en desarrollo Estados Partes que lo soliciten, en la medida de lo posible, en…»

Los cambios desplazan la relación de la OMS que sugiere/solicita, a la OMS que exige.

«en contrarrestar la difusión de información falsa y poco fiable sobre eventos de salud pública, medidas preventivas y antiepidémicas y actividades en los medios de comunicación, redes sociales y otras formas de difusión de dicha información.»

Los Estados se comprometen a colaborar con la OMS para controlar la información y limitar la libertad de expresión.

«la formulación de proyectos de ley y otras disposiciones jurídicas y administrativas para la implementación de este Reglamento.»

Los Estados se comprometen a aprobar leyes para aplicar las restricciones a la libertad de expresión y el intercambio de información.

«contrarrestar la difusión de información falsa y poco fiable sobre eventos de salud pública, medidas y actividades preventivas y antiepidémicas en los medios de comunicación, las redes sociales y otras formas de difusión de dicha información;…»

La OMS colaborará con los países para controlar la libertad de expresión y el flujo de información (basándose en sus propios criterios sobre lo que está bien y lo que está mal).

1. Los entresijos de la burocracia de verificación para garantizar que los países siguen los requisitos de la OMS.

NUEVO Capítulo IV (Artículo 53 bis-quater): El Comité de Cumplimiento

53 bis Términos de referencia y composición

«Los Estados Partes establecerán un Comité de Cumplimiento que se encargará de:

(a) Examinar la información que le presenten la OMS y los Estados Partes en relación con el cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Reglamento;

(b) Supervisar, asesorar y/o facilitar asistencia en asuntos relacionados con el cumplimiento con vistas a ayudar a los Estados Partes a cumplir con las obligaciones derivadas del presente Reglamento;

(c) Promover el cumplimiento atendiendo a las preocupaciones planteadas por los Estados Partes en relación con la aplicación y el cumplimiento de las obligaciones dimanantes del presente Reglamento; y

(d) Presentar un informe anual a cada Asamblea de la Salud en el que se describa:

(i) El trabajo del Comité de Cumplimiento durante el periodo del informe;

(ii) Las preocupaciones relativas al incumplimiento durante el periodo del informe; y

(iii) Cualquier conclusión y recomendación del Comité.

2. El Comité de Cumplimiento estará autorizado a:

(a) Solicitar más información sobre los asuntos que esté examinando;

(b) Emprender, con el consentimiento de cualquier Estado Parte implicado, la recopilación de información en el territorio de ese Estado Parte; (c) Considerar cualquier información relevante que se le haya presentado; (d) Solicitar los servicios de expertos y asesores, incluidos representantes de ONG o miembros del público, según proceda; y (e) Hacer recomendaciones a un Estado Parte implicado y/o a la OMS sobre cómo el Estado Parte puede mejorar el cumplimiento y cualquier asistencia técnica y apoyo financiero recomendados.»

Esto establece el mecanismo de revisión permanente para vigilar el cumplimiento por parte de los Estados de los dictados de la OMS en materia de salud pública. Se trata de una nueva burocracia enorme, tanto a nivel central (OMS) como con una importante carga de recursos para cada Estado. Evoca el mecanismo de revisión de la oficina de derechos humanos de la ONU.

1. Más información sobre la OMS, que exige a los Estados que aporten dinero de los contribuyentes al trabajo de la OMS y restringe la libertad de las poblaciones para cuestionar este trabajo.

ANEXO 1

A. REQUISITOS BÁSICOS DE CAPACIDAD PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES, LA VIGILANCIA Y LA RESPUESTA A EMERGENCIAS SANITARIAS

«Los Estados Partes que son países desarrollados proporcionarán asistencia financiera y tecnológica a los Estados Partes que son países en desarrollo a fin de garantizar instalaciones de vanguardia en los Estados Partes que son países en desarrollo, incluso mediante mecanismos financieros internacionales…»

Los Estados proporcionarán (es decir, desviarán de otras prioridades) fondos de ayuda para ayudar a otros Estados a desarrollar su capacidad. Esto tiene un claro coste de oportunidad en otros programas de enfermedades/sociales en los que la financiación debe reducirse en consecuencia. Sin embargo, esto ya no estará bajo el control presupuestario de los Estados, sino que lo exigirá una entidad externa (la OMS).

«A nivel mundial, la OMS deberá… Contrarrestar la desinformación y la desinformación».

Como en el caso anterior, la OMS asume el papel de vigilar / contrarrestar la libertad de expresión y el intercambio de información (financiado con los impuestos de aquellos cuya expresión están reprimiendo).

Enlaces útiles:

Los documentos de la OMS sobre las enmiendas al RSI
Un resumen de las enmiendas y sus implicaciones