por Por Jeff Elder / San Francisco Examiner
Traducido por el equipo de Sott.net
Defensores de la protección infantil arremeten contra Twitter y se alinean para apoyar una demanda que alega que la red social se negó a retirar vídeos que mostraban explotación sexual de menores a pesar de las súplicas de una víctima y su familia.
“Es material de abuso sexual infantil. Tenía 13 años y estaba siendo extorsionado. ¿Qué demonios está haciendo Twitter?“, se preguntó Hany Farid, profesor de la Escuela de Información de la Universidad de Berkeley.
Farid, que ha testificado ante el Congreso en cinco ocasiones sobre cuestiones de seguridad y regulación en línea, y otras personas presentaron la semana pasada documentación ante un tribunal federal de apelación de San Francisco en apoyo de la demanda.
Una respetada organización sin ánimo de lucro que colabora estrechamente con el gobierno federal en la lucha contra la explotación sexual infantil también apoya la demanda por la supuesta negativa de Twitter a retirar los vídeos a pesar de las peticiones de la familia.
“Los hechos en este caso son especialmente atroces porque el proveedor de servicios electrónicos era consciente de las imágenes sexuales gráficas de las víctimas infantiles y se negó a retirar los vídeos de la plataforma”, dijo el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), en un correo electrónico a The Examiner.
El NCMEC recibirá cerca de 37 millones de dólares de los contribuyentes este año fiscal para, en parte, “proporcionar a los usuarios en línea y a los proveedores de servicios electrónicos un medio para denunciar la explotación sexual infantil relacionada con Internet”, según el Departamento de Justicia.
La demanda alega que dos usuarios descubrieron que en Twitter circulaban vídeos de abusos sexuales tomados de ellos unos años antes. Los demandantes, que tenían 13 años en los vídeos, afirman que fueron chantajeados para hacer los vídeos y que la publicación de los mismos les provocó acoso escolar y una ansiedad extrema.
La demanda dice que los actores pidieron que se retirara el material y, a petición de Twitter, demostraron que los vídeos eran de ellos y que eran menores cuando se grabaron. Una de las madres de los demandantes también pidió a Twitter que retirara los vídeos. Pero el equipo de seguridad de Twitter consideró que los vídeos eran aceptables según sus condiciones de servicio y se negó a eliminarlos, según la demanda.
“Hemos revisado el contenido y no hemos encontrado ninguna violación de nuestras políticas, por lo que no se tomará ninguna medida en este momento”, dijo Twitter a la demandante en 2020, según la demanda.
“¿Cómo que no ven un problema? Los dos somos menores ahora mismo y éramos menores en el momento en que se grabaron estos vídeos. Ambos teníamos 13 años. Fuimos provocados, acosados y amenazados para hacer estos videos que ahora se publican sin nuestro permiso. No los autorizamos en absoluto y deben ser retirados”, argumentó el demandante, según la demanda.
Cuando un conocido de la familia que trabajaba para el Departamento de Seguridad Nacional se puso en contacto con Twitter, la empresa retiró los vídeos, según la demanda.
“Este caso es especialmente importante”, dijo el NCMEC, porque los tribunales lo utilizarán “para decidir si las víctimas de sextorsión — un delito en el que se chantajea a niños a cambio de imágenes explícitas — pueden reclamar justicia contra las plataformas en línea que permiten compartir material de abuso sexual infantil”.
Es muy poco habitual que la organización sin ánimo de lucro adopte una postura tan firme respecto a una empresa con la que debe trabajar estrechamente. Pero Farid y el NCMEC son sólo dos de las varias organizaciones y expertos en seguridad infantil que presentaron la semana pasada ante el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de EEUU, en San Francisco, escritos de amicus, es decir, documentos legales de apoyo a la demanda. Está previsto que ambas partes presenten sus escritos en el caso el mes que viene.
El Centro Canadiense para la Protección de la Infancia, la Red Nacional contra la Violación, Abuso e Incesto, Child USA y el profesor Brian Levine, director del Instituto de Ciberseguridad de la Universidad de Massachusetts Amherst, apoyan la demanda, John Doe #1 y John Doe #2 contra Twitter Inc.
Twitter declinó hacer declaraciones sobre el caso.
Según las transcripciones, un abogado de Twitter argumentó en el juicio que los moderadores de la empresa “mueven cielo y tierra para intentar eliminar este tipo de contenidos”. Lo que se puede decir aquí es que, en el mejor de los casos, alguien puede haber cometido un error humano, y estuvo colgado durante nueve días”.
Durante ese tiempo, el vídeo de los menores fue visto 167.000 veces, según el National Center on Sexual Exploitation Law Center, que representa a los demandantes.
Twitter no prohíbe el porno en su plataforma, a diferencia de muchas redes. La compañía tiene una “política de tolerancia cero” para los contenidos de explotación sexual infantil y ha invertido en tecnología y herramientas para hacerla cumplir. También prohíbe imágenes o vídeos explícitos que se hayan compartido sin consentimiento de las personas implicadas.
La empresa colabora con el NCMEC y la Asociación Internacional de Líneas de Denuncia en Internet (INHOPE) para detener el material de abuso sexual infantil en su plataforma.
Como parte del caso, Twitter presentó una prueba que demuestra que prohibió las cuentas implicadas en la publicación de los vídeos de los demandantes. Pero The Examiner descubrió que las cuentas prohibidas siguen siendo mencionadas en decenas de tuits que hacen referencia al sexo y a los chicos, algunos con fotos obscenas. Twitter no respondió inmediatamente a una pregunta sobre los tuits que mencionan a una figura clave en la demanda.
Los expertos dicen que lo que distingue a este caso es que la empresa se negó a retirar el material.
“¿Hasta dónde tiene que llegar la cosa?”, se pregunta Farid, el profesor de Berkeley. “Ha habido muchos casos como este en los que ha habido claros fallos, pero este parece especialmente claro, y el daño parece especialmente claro”.
Con Twitter tambaleándose por las acusaciones del informante Peiter “Mudge” Zatko de “deficiencias atroces, negligencia e ignorancia voluntaria” en Twitter, la demanda puede representar otro golpe significativo a la ya dañada reputación de la compañía en materia de seguridad.
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