Por RT

López Obrador sugirió que podría convocarse a un panel después de que La Casa Blanca anunciara que podía recurrir a medidas jurídicas.

Las tensiones entre México y EE.UU. por un decreto de la nación latinoamericana para frenar las importaciones de maíz transgénico han aumentado, luego de que el secretario de Agricultura estadounidense, Tom Vilsack, anunciara el lunes que Washington podría emprender acciones legales en contra del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador si los países no alcanzan una «resolución aceptable» en la materia.

«Debemos encontrar una manera de proceder pronto y enfaticé en términos inequívocos que —en ausencia de una resolución aceptable de la cuestión— el Gobierno de EE.UU. se vería obligado a considerar todas las opciones, incluida la adopción de medidas formales para hacer valer nuestros derechos legales en el marco del T-MEC», indicó el secretario a través un comunicado.

Según argumentó el funcionario, la decisión de México de cesar completamente las importaciones de maíz genéticamente modificado para 2024, podría perturbar gravemente el comercio entre las partes, perjudicar a los agricultores de ambos países y aumentar significativamente el precio del producto para los consumidores.

Previo a la Cumbre de Líderes de América del Norte, que tendrá lugar en enero del próximo año, el secretario Vilsack se reunió el lunes en la Ciudad de México con López Obrador para analizar las tensiones comerciales en torno al tema del maíz transgénico y el uso de fertilizantes en la agricultura.

La respuesta desde Palacio Nacional

Desde Palacio Nacional, López Obrador anunció que está trabajando con EE.UU. para resolver la disputa, sin embargo, reconoció que de no alcanzar un acuerdo las partes podrían interponer un panel de solución de controversias, una medida no contenciosa contemplada por el tratado de libre comercio entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC).

«Hay también mecanismos para dirimir estas controversias en el tratado, pero nosotros tenemos elementos para defender el por qué no se permite el maíz transgénico», señaló el mandatario durante su habitual conferencia de este martes, aunque agregó que va a esperar «a ver si hay un acuerdo».

El presidente aseguró que su administración no mantiene una postura cerrada y reveló que en su conversación con el secretario de Agricultura de EE.UU. propuso ampliar en dos años el plazo para dejar de importar maíz transgénico destinado al ganado, si bien su Gobierno no está dispuesto a hacer concesiones en productos para consumo humano.

López Obrador anunció que la importación de maíz amarillo para forraje no será detenida, siempre y cuando el producto cumpla con los requerimientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que deberá conceder un permiso anual a los comerciantes para que puedan ofertar este producto en el mercado mexicano.

Asimismo, el mandatario propuso a la delegación de Agricultura de EE.UU. que la Cofepris, junto con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), hagan un análisis sobre las características del maíz amarillo para forraje con el propósito de garantizar que el producto sea seguro para la salud.

A pesar de las concesiones, López Obrador refrendó su postura de «no permitir la entrada de maíz transgénico o no seguro para consumo humano», en tanto que detalló que México es autosuficiente en la provisión de maíz blanco.

La disputa en contexto

En diciembre de 2020, la Administración de López Obrador publicó un decreto para prohibir de manera gradual el uso, adquisición, distribución, promoción e importación del maíz genéticamente modificado y del glifosato en el país.

De acuerdo con el documento, México busca proteger la producción agrícola «sostenible y culturalmente adecuada«, además de fomentar el consumo de alimentos «seguros para la salud humana» y resguardar «la diversidad biocultural del país y el ambiente».

Las empresas y organizaciones agrícolas de EE.UU. consideran que la medida carece de bases científicas y han instado a la Casa Blanca a desafiar la política, argumentando las severas afectaciones que sufriría la economía estadounidense de implementarse.

Un análisis elaborado por World Perspectives –una firma asesora de empresas en EE.UU.– asegura que la economía estadounidense podría disminuir en 30.550 millones de dólares en 10 años, y estima que se perderían 32.000 como resultado de la política restrictiva de México.

Desde 1994, las tres naciones de Norteamérica cuentan con un tratado de libre comercio, cuya versión revisada entró en vigor en julio de 2020. Entre las nuevas disposiciones introducidas se incluye un apartado sobre biotecnología agrícola.

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