Por RT

Algunos ministros del Gobierno conservador ya han advertido que romperán la coalición si se suspende la reforma.

En medio de las incesantes protestas en todo Israel y de los llamamientos continuos de la oposición, el Gobierno ha decidido aplazar la aprobación de la reforma al sistema judicial hasta finales de julio.

El partido político Otzma Yehudit publicó un comunicado, citado por la prensa local, según el cual el líder de esa facción y ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, acordó con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, postergar la aprobación de la reforma hasta la próxima sesión de verano de la Knéset (Parlamento israelí).

Por su parte, Netanyahu dijo que la decisión de retrasar el trámite de la reforma judicial proviene de la voluntad de resolver las diferencias mediante «un amplio consenso«. «Insistimos en la necesidad de realizar las reformas necesarias en el sistema judicial, y le daremos la oportunidad de resolverlas con un amplio consenso», manifestó el primer ministro.

«He decidido posponer la segunda y tercera lectura del proyecto en esta sesión del Knéset, para dar tiempo de llegar a un acuerdo amplio en la legislación durante la próxima sesión [parlamentaria]», agregó, señalando que dicha reforma se aprobará «de una u otra forma» para «restablecer el equilibrio que se perdió entre las autoridades, preservando e incluso fortaleciendo los derechos del individuo».

«Una minoría extrema»

Además, Netanyahu condenó las protestas antigubernamentales e indicó que no está dispuesto a aceptar que «una minoría extrema destroce» el país. No obstante, hizo hincapié en que no se trata de una «guerra fratricida», aunque advirtió que la nación se encuentra en medio de una crisis que pone en peligro la unidad» de los israelíes.

En el marco del pacto alcanzado entre Ben-Gvir y Netanyahu con el fin de «mejorar la gobernabilidad«, las partes acordaron el establecimiento de la Guardia Nacional bajo el Ministerio de Seguridad Nacional, medida que sería aprobado en la próxima reunión del gabinete.

«Acepté levantar el veto para el aplazamiento de la aprobación de la ley a cambio del compromiso del primer ministro Benjamín Netanyahu de que la legislación se lleve a la Knéset para su aprobación en la próxima sesión, en caso de que durante el receso no se alcancen los respectivos acuerdos», dijo Ben-Gvir.

La prensa israelí reporta que el ministro de Seguridad Nacional amenazó con renunciar al cargo si Netanyahu decidía aplazar la aprobación del proyecto de ley hasta después del receso del Parlamento, programado entre el 2 y el 30 de abril. Algunos miembros de la coalición gubernamental esperaban que la ley fuera aprobada antes de las vacaciones parlamentarias.

La decisión de establecer la Guardia Nacional bajo el mando de la cartera dirigida por Ben-Gvir ha sido duramente criticado por otros partidos políticos y sectores del país. Los opositores consideran que Netanyahu está «organizando un ejército privado» y «vendiendo la seguridad» de la nación «solo por su supervivencia política», por lo que instan a seguir con las protestas.

Protestas

En ese contexto, durante esta jornada se llevan a cabo manifestaciones a favor y en contra del Gobierno en diferentes ciudades israelíes.

Tras las declaraciones del primer ministro, el líder del sindicato Histadrut, Arnon Bar-David, comunicó sobre la decisión de poner fin de la huelga nacional anunciada esta jornada, pero advirtió que se volverá a convocar a manifestaciones en caso de que el Ejecutivo intente aprobar una legislación «agresiva». El sindicato de trabajadores aeroportuarios también decidió suspender su huelga y el Aeropuerto Internacional Ben Gurión de Tel Aviv ha vuelto a operar con normalidad.

  • El proyecto de reforma prevé otorgar al Ejecutivo israelí una influencia decisiva en la selección de los jueces, así como limitar el alcance de la Corte Suprema para derogar leyes o fallar en contra del Gobierno.
  • Los críticos consideran que esto debilitaría en gran medida la independencia del poder judicial, dado que Israel no tiene una Constitución, sino solo una comisión del Parlamento, controlada por la coalición gubernamental, para dirimir estos asuntos.

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