Por RT

El paquete de medidas del presidente argentino para desregular la economía podría quedar enterrado en la Cámara de Diputados

El Senado de Argentina rechazó este jueves el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) lanzado por el presidente Javier Milei en diciembre, y eventualmente podría quedar completamente anulado en la Cámara de Diputados.

Tras un extenso debate, el polémico DNU, con el que el mandatario busca desregular la economía y reducir la intervención del Estado, obtuvo 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones. Así, el paquete de medidas podría perder vigencia en su totalidad si la cámara baja también lo rechaza.

El argumento central de los senadores que votaron en contra fue el de la «inconstitucionalidad», teniendo en cuenta que establece múltiples modificaciones de leyes vigentes sin el aval del Poder Legislativo. 

Al comenzar el tratamiento del decreto, la senadora por Mendoza de Unión por la Patria (UxP) Anabel Fernández Sagasti, adelantó que desde el bloque peronista se rechazaría «en pleno» porque «a todas luces y manifiestamente es inconstitucional».

El presidente Milei tenía intenciones de postergar el debate del decreto para abocarse a las negociaciones de cara al Pacto de Mayo y el tratamiento de un nuevo proyecto de ley ‘ómnibus’, más acotado y menos ambicioso que el que naufragó en la Cámara de Diputados en febrero.  

El primer miembro del Gobierno en reaccionar al rechazo fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó que se trató de un «récord histórico» el hecho de que «por primera vez en la historia» el Senado de la Nación bloqueó un DNU «a apenas tres meses de asumir» la gestión libertaria.

Adorni vinculó el fracaso de la normativa a la «decadencia y el pasado». 

También se pronunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: «Nunca vi una cosa igual. La resistencia al cambio y la defensa de los privilegios es tan profunda… pero nosotros seguimos de pie, sin rendirnos, sin dar marcha atrás», escibió desde su cuenta de la red social X.

«Vamos a cambiar el país, a pesar de todos los que destruyen al gobierno. No se preocupen: nos arreglamos sin ustedes», añadió la ministra.

¿Disputas internas?

Este miércoles la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, incluyó al DNU en el temario de la sesión convocada por el oficialismo para este 14 de marzo, y generó tensiones internas en el gobierno libertario. 

La Oficina del Presidente Milei emitió un comunicado en el que expresó su «preocupación» por «la decisión unilateral» de la vicepresidenta. El texto no menciona a Villarruel, pero, sin decirlo, el mandatario apuntó contra ella porque fue quien firmó la habilitación para debatir el decreto.

Al no contar con mayoría en ninguna de las dos cámaras, Milei y su equipo preveían que el decretazo no tendría los votos suficientes para su aprobación. El partido gobernante La Libertad Avanza (LLA) cuenta con 7 senadores sobre un total de 72. Por eso le reprocharon a Villarruel el hecho de avanzar con «una agenda propia e inconsulta». 

La preocupación y los roces al interior de LLA quedaron oficializadas por el mensaje de la Casa Rosada, pero ya habían sido expresadas por los seguidores del mandatario en las redes sociales, donde llovieron críticas a Villarruel porque el oficialismo no contaba con los votos suficientes.

En medio de la disputa, la vicepresidenta se reunió con senadores y sugirió postergar el debate, tal como pedía el presidente, pero los legisladores no accedieron al pedido y la sesión se mantuvo en pie tal cual había quedado convocada.

El Gobierno niega roces

Este jueves, el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, fue consultado por el conflicto y aseguró que «no hay ningún problema en la relación» entre el presidente Milei y la vicepresidenta Villarruel.  

«No hay ningún tipo de interna, ni de pelea ni ninguna otra cuestión que tenga que ver con algún enfrentamiento con la vicepresidente de la Nación. Muy por el contrario, somos todos un gran equipo de trabajo», manifestó Adorni en su habitual rueda de prensa.

Y le dijo a los periodistas presentes que los medios habían hecho una «mala lectura» del mensaje que emitió la Oficina del Presidente. «Era un comunicado muy firme pero contra toda la casta política, desconocemos por qué se tomó o se hizo una lectura desacertada y se relacionó el comunicado con un mensaje a la vicepresidente de la Nación», señaló.

Llamativamente, el jefe de Estado suspendió la habitual reunión con sus ministros y secretarios que suele encabezar los martes y jueves, informó la Agencia NA. 

Según indicaron fuentes del Gobierno, el encuentro se canceló por imcompatibilidades en las agendas de los funcionarios. Desde la Casa Rosada, Milei siguió en vivo el debate por el decreto. 

Qué pasará con el DNU

El DNU, que tiene fuerza de ley por orden del presidente, establece una extensa desregulación de la economía mediante la modificación o derogación de cientos de leyes.

Desde que Milei lo firmó, el decreto está vigente, aunque la justicia ha suspendido capítulos como la reforma laboral o los aumentos indiscriminados en los servicios médicos privados.

La totalidad de su aplicación solo puede descartarse definitivamente si tiene el rechazo del Senado, que ya es un hecho, y de la Cámara de Diputados, aunque no hay una fecha establecida por ley para su tratamiento.

En la cámara baja, el partido oficialista La Libertad Avanza (LLA) cuenta con solo 37 diputados de un total de 257 miembros.

El plan libertario, en peligro

El Gobierno busca avanzar con múltiples reformas del Estado para allanar el camino hacia sus propuestas de libre mercado, desregulación y dolarización de la economía, privatizaciones de empresas públicas, entre otras medidas. 

Además del megadecreto que se pone a prueba en el Senado, Milei apostó a la aprobación de la ley ‘ómnibus’, con la que buscó modificar más de 300 leyes sin éxito en el Congreso. 

Luego de haber confrontado con el Parlamento y los gobernadores por el fracaso de su ambicioso proyecto, el mandatario busca alcanzar un consenso base para avanzar en reformas estructurales, a través de la firma de «un nuevo contrato social» al que llamó ‘Pacto de Mayo’.

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