Por RT
En los últimos meses, fiscales europeos han reemplazado a los fiscales belgas que investigan las acusaciones de irregularidades en relación con las negociaciones sobre vacunas entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el director ejecutivo de Pfizer.
A medida que se aproxima la fecha de las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán entre el 6 y 9 de junio, y ante la decisión de la actual presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, de postularse como candidata para seguir al frente del organismo otros cinco años, han vuelto a surgir dudas sobre cómo gestionará los asuntos del bloque teniendo en cuenta la polémica relacionada con el llamado ‘Pfizergate’.
El caso sigue salpicando a la alta funcionaria con acusaciones sobre la falta de transparencia en la firma de contratos por miles de millones de dólares con Pfizer para la compra de volúmenes excesivos de vacunas contra el covid-19. Contratos que, según se denunció en 2021, fueron negociados por Von der Leyen con el director ejecutivo de la farmacéutica, Albert Bourla, a través de llamadas y mensajes de texto cuyo contenido la jefa de la CE se niega a revelar.
La situación condujo a varios procesos judiciales que cuestionan tanto el modo de concretar las voluminosas compras de los fármacos como el propio despilfarro de dinero de los contribuyentes europeos, ya que la pandemia de covid-19 se acabó pero las vacunas siguen llegando y tienen que ser desechadas sin más. Mientras tanto, los casos relacionados siguen estancados en los tribunales europeos, sin progresos sustanciales.
La UE, vertedero de vacunas
Las raíces del Pfizergate se originan en plena época de la pandemia del covid-19, cuando en 2021 la Unión Europea firmó contratos por valor de 71.000 millones de euros (más de 75.500 millones de dólares, según el curso actual) para adquirir hasta 4.600 millones de dosis de las vacunas de varias farmacéuticas, lo que superó significativamente las necesidades de los países miembros del bloque. Pero la polémica surgió cuando un reportaje de The New York Times reveló que Von der Leyen concretó la firma de un contrato para la provisión de 1.800 millones de dosis de Pfizer mediante el intercambio de mensajes de texto con Bourla.
El contrato, firmado durante la pandemia en 2021 y en su momento presentado como un éxito para Von der Leyen, además ha generado controversias por la excesiva compra de vacunas.
Según un análisis de Politico, las vacunas innecesarias han acabado en vertederos de toda Europa, y los intentos de transferir sus excedentes a terceros países fracasaron debido a la caída de la demanda y a problemas logísticos. Por ejemplo, en diciembre de 2023 en la UE se destruyeron al menos 215 millones de dosis de las vacunas contra el covid-19 por un valor de 4.000 millones de euros (más de 4.270 millones de dólares).
Posteriormente, el contrato ha sido renegociado por la Comisión Europea bajo la presión de los países de la UE que tienen un exceso de vacunas. No obstante, actualmente los Estados miembros tienen que lidiar con las consecuencias. Así, Polonia y Hungría han dejado de aceptar vacunas y han sido demandadas por Pfizer por impago. Además, a pesar de la falta de demanda actual de las vacunas contra el covid-19, Pfizer continuará suministrando dosis a la UE, ya que el contrato revisado con la farmacéutica obliga a los países europeos a comprar vacunas al menos hasta 2027.
Mensajes destruidos
Tras el escándalo de los contratos negociados por Von der Leyen con Bourla a través de mensajes, también surgieron voces que clamaron para que se difundiera públicamente su contenido. Ante ello, la Defensoría del Pueblo Europeo abrió una investigación al respecto en septiembre de 2021. No obstante, a principios de 2022 la comisionada de Valores y Transparencia de la UE, Vera Jourová, afirmó que los mensajes de texto en cuestión «no se consideran un documento sujeto a la política de mantenimiento de registros de la Comisión» debido a su «naturaleza efímera y de corta duración«.
Tal reacción generó fuertes críticas por parte de la defensora del pueblo, Emily O’Reilly, quien consideró que esta respuesta de la CE dejaba la «lamentable impresión de que la UE es una institución que no comunica asuntos de gran interés público«. Sin embargo, hasta el momento, el contenido de los mensajes no ha sido revelado.
En consecuencia, en octubre de 2022, la Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO, por sus siglas en inglés) confirmó que tiene una investigación en curso sobre la adquisición de vacunas contra el covid-19 por parte de la UE, al reconocer que el anuncio se hizo de manera «excepcional», después del «altísimo interés público» que ha generado el caso, aunque adelantó que «no se harán públicos más detalles en esta etapa».
Contenido oculto de contratos
El interés público no se limitó a dichos mensajes, sino también a los voluminosos contratos que se firmaron como resultado de aquellas negociaciones. Pero aquí los activistas se enfrentaron a otro muro. El mismo mes, después de que el director ejecutivo de Pfizer se negara a responder ante el Parlamento Europeo sobre el asunto, el eurodiputado rumano Cristian Terhes mostró en una rueda de prensa en Bruselas las copias de los contratos mencionados, cuyo contenido estaba casi completamente tachado de negro.
«Así es como nos fueron revelados [los documentos] a nosotros, a los ciudadanos y a la prensa, obviamente después de que algunos de nosotros y algunos periodistas valientes preguntáramos dónde estaban los contratos firmados entre la CE y estas compañías», denunció.
Luchas judiciales
Los esfuerzos de los diputados europeos y de organizaciones que intentaron acceder a los términos de los contratos en cuestión para hacerlos públicos no están dando resultados. Sus denuncias ante los tribunales europeos en relación con el Pfizergate simplemente se rechazan o se estancan en los juzgados.
De hecho, la negativa de la CE a publicar los mensajes de texto intercambiados entre la presidenta del organismo y el director ejecutivo de Pfizer fue motivo para que The New York Times demandara a la institución a finales de enero de 2023 ante el Tribunal de Justicia de la UE.
El diario estadounidense argumentó que la CE tiene la obligación legal de publicar los mensajes, que podrían contener información sobre los acuerdos del bloque para las compras millonarias de vacunas contra el covid-19. El caso sigue abierto, pero el tribunal rechazó la petición de unirse a la demanda por parte de 28 ciudadanos de la UE y de la organización francesa de derechos humanos BonSens, por considerar que el interés de terceros hacia este caso no está justificado.
BonSens también está tratando de anular los contratos de la CE para la compra de vacunas contra el covid-19 en los tribunales de Francia. En febrero de 2023, el Tribunal Supremo del país galo aceptó la demanda administrativa correspondiente. Se trata del tercer intento de la agrupación, ya que perdió dos casos anteriores en los tribunales administrativos de París en 2022. BonSens también anunció que ha emprendido acciones legales en Estados Unidos para obtener los mensajes de texto en cuestión.
Fiscales europeos se hacen cargo de la investigación
A inicios de abril de este año, una noticia divulgada por Politico reveló que altos funcionarios de la Fiscalía europea están llevando a cabo una investigación sobre presuntos delitos relacionados con las negociaciones sobre vacunas entre Ursula von der Leyen y Pfizer.
La investigación fue abierta originalmente por las autoridades judiciales de la ciudad belga de Lieja, después de que en abril de 2023 el abogado y lobista belga Frédéric Baldan presentara una denuncia penal ante la Justicia de su país, acusando a Von der Leyen de presuntos delitos penales de «interferencia en funciones públicas, destrucción de SMS, corrupción y conflicto de intereses». A esta causa se sumaron posteriormente los Gobiernos de Hungría y Polonia. No obstante, se reporta que actualmente Polonia está en proceso de retirarse del procedimiento jurídico después de la victoria electoral de Donald Tusk como primer ministro.
De acuerdo con Politico, que cita a un portavoz de la Fiscalía de Lieja, en los últimos meses los fiscales de la EPPO han reemplazado a sus colegas belgas en esta investigación. El medio destaca que, a diferencia del anuncio de investigaciones más generales sobre la compra de vacunas que hizo la EPPO en 2022, ahora, por primera vez, la oficina investiga explícitamente el Pfizergate, aunque de momento nadie ha sido acusado oficialmente en relación con el caso.
La divulgación de que la EPPO está indagando en el asunto podría intensificar las dudas sobre el desempeño de la presidenta de la Comisión Europea en el contrato de vacunas. La EPPO, encargada de investigar los delitos financieros a nivel paneuropeo, tiene la autoridad para requisar móviles y documentos relevantes tanto de las oficinas de la Comisión como de Estados miembros, incluido Alemania, país de origen de Von der Leyen.
«Se ha dicho e intercambiado todo lo necesario al respecto. Y esperaremos los resultados«, dijo a Politico la propia Von der Leyen en respuesta a una pregunta directa sobre los mensajes de texto en cuestión. Mientras tanto, el 7 de marzo la funcionaria fue elegida como candidata oficial del Partido Popular Europeo (PPE) para su segundo mandato al frente de la Comisión después de las elecciones para el Parlamento Europeo en junio.
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