La “Corte Penal Internacional” emite orden de arresto para Putin, Rusia desconoce la jurisdicción de la entidad globalista

Por Kontrainfo

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de detención contra el presidente ruso Vladímir Putin citando su responsabilidad en presuntos “crímenes de guerra” cometidos en Ucrania.

La entidad globalista, ubicada en La Haya, menciona la supuesta deportación de menores de edad ucranianos al territorio ruso, situación a la que califica de un crimen de guerra.

“Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ninguna importancia para nuestro país, ni siquiera en términos jurídicos”, explicó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.

La vocera añadió que “Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo”, ni coopera con ese organismo. “Las posibles ‘prescripciones’ de detención que emanen de la Corte Penal Internacional serán jurídicamente nulas para nosotros”, añadió.

El tribunal ha dictaminado también el arresto de María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia. La funcionaria comentó la decisión del tribunal:

“Es estupendo que la comunidad internacional haya apreciado el trabajo que hacemos para ayudar a los niños de nuestro país, que no los dejamos en la zona de guerra, que los sacamos, que creamos buenas condiciones para ellos y los rodeamos de gente cariñosa y atenta”, manifestó, por su parte, Lvova-Belova.

Por su parte, el senador ruso Andréi Klishas llamó a las autoridades a emitir una orden de detención de los jueces de la CPI.

“La orden de la CPI no tiene base ni consecuencias jurídicas. Ahora no sólo Rusia, sino también varios Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU no reconocen la jurisdicción de la CPI. Al tomar una decisión tan absurda, la CPI ha tomado el camino de autodestrucción. Rusia debe emitir inmediatamente una orden de detención contra todos los ‘jueces’ de la CPI”, escribió el legislador en su canal de Telegram.

La CPI fue constituida en 2002 para investigar violaciones de los Convenios de Ginebra, pero en la práctica ha servido para enjuiciar a políticos enfrentados geopolíticamente con los EEUU, como ocurrió contra Muammar Khaddafy, a los que se ha acusado de ser responsables de “crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio”.

El documento constitutivo, el Estatuto de Roma de 1998, no fue firmado, ni es reconocido por países como Estados Unidos, Rusia, China, India, e Israel, entre otros.

Situación de los países frente la CPI: