Por Sputnik
Ecologistas en Acción pide a las autoridades españolas retirar la autorización de productos agroquímicos que contengan glifosato. La petición la hacen luego de analizar 10 de las 17 demarcaciones hidrográficas del país y constatar en ellas una «elevada presencia» de este agrotóxico.
Glifosato, una plaga para la salud de nuestros ríos, el medioambiente y las personas es el título del reciente informe de Ecologistas en Acción, una confederación que reúne a unos 300 grupos ecologistas de toda España, y que recientemente publicó el resultado de una investigación que analiza los datos de 10 de las 17 demarcaciones hidrográficas del país durante los años 2017 y 2018.
«Lo más alarmante es la presencia de glifosato en todos los ríos en donde se ha analizado, en algunos casos en proporciones muy elevadas, elevadísimas. Esto lo que quiere decir es que la normativa española y europea de protección del medioambiente no es eficaz para tratar de contener la exposición ambiental a los controles fitosanitarios que se aplican en la agricultura», explica Koldo Hernández, miembro de Ecologistas en Acción en el área de agroecología.
El glifosato es uno de los agrotóxicos más vendidos del mundo. Fue patentado por la empresa Monsanto en los años 70 para su utilización como herbicida. Sobre esta empresa, que en 2018 fue comprada por Bayer, han caído miles de denuncias de ciudadanos de distintas partes del mundo que aseguran que enfermaron de cáncer tras utilizar estos herbicidas, como el Roundup.
En 2015, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el glifosato era un «probable cancerígeno para humanos» y en junio de 2020 Bayer dijo que indemnizaría por más de diez mil millones de dólares a las víctimas del herbicida por tener sustancias cancerígenas como el glifosato.
Según el informe de Ecologistas en Acción, que se realizó a partir de datos suministrados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Andalucía tiene las tres localizaciones con mayor concentración de glifosato:
– Canal Laguna Herrera (Málaga) con una concentración de glifosato 710 veces por encima al límite establecido en la normativa española.
– Rambla del Albujón (Murcia) con una concentración 432 veces superior.
– Arroyo del Águila (Cádiz) con una concentración de glifosato 76 veces superior.
«Un incumplimiento de la legislación por parte de las administraciones o una falta de protección del medioambiente debería ser prioritario para evitar que esto se siga debilitando. Debería ser prioritario que se remedie los daños que pudieron causarse. Hay una combinación de pesticidas y de químicos en los ríos españoles que no se están evaluando a nivel europeo ni a nivel español de cómo puede impactar en el medioambiente y en la salud humana. Urge liberar al medioambiente, y en este caso a los ríos, de todo tipo de contaminación. Todos queremos un medioambiente más sano», indica Hernández, quien también es abogado especializado en derecho ambiental.
Ecologistas en Acción advierte que la recopilación de datos de su investigación está incompleta porque, según explican, «faltan datos correspondientes a las analíticas del último trimestre del año 2018» que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico aún no tenían en el momento de realizar el informe.
Apuntan, además, que este organismo «únicamente dispone de datos sobre glifosato de 10 de las 17 demarcaciones hidrográficas españolas, dado que determinados organismos de cuenca, como las Confederaciones Hidrográficas del Río Ebro o Islas Baleares no analizan glifosato en las aguas de su competencia».
Alertan que es «necesario y relevante» que todos los organismos competentes analicen la presencia de glifosato en el medio acuático. Recuerdan que este herbicida «ha sido recientemente catalogado por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer como probable cancerígeno en humanos» y que el agua es una «vía directa de contacto con personas».
«Cualquier plaguicida, y el glifosato es uno de estos, es un producto que está diseñado para eliminar y controlar lo que la agricultura y la administración considera malas hierbas. Está catalogado por la Unión Europea como un tóxico para medio acuático. Esta presencia inadecuada, que no debería producirse, cuando menos, va a producir un efecto adverso difícilmente cuantificable para el medioambiente y, al final, cualquier afección al medioambiente tiene repercusiones en la salud humana», precisa Hernández.
Por esta razón, Ecologistas en Acción considera que es necesario que la ciudadanía se movilice para evitar que en diciembre de 2022 la Unión Europea renueve por otros 15 años la autorización de este producto.
«Al final, por mucho que se de la idea de que la valoración de un producto fitosanitario es una valoración científica, eso no es totalmente cierto porque cualquier autorización de un producto plaguicida, aparte de la evaluación científica, tiene una decisión política de cada país de la Unión Europea, se vota. Si se consigue una mayoría adecuada, que es el 55% de los votos emitidos, es decir, de los países que representen al menos 65% de la población europea, el voto puede ser contrario a la propuesta de la población científica», resalta Hernández.
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