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sábado 19 junio 2021
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El polémico plan para combatir las campañas de desinformación aprobado por el Gobierno de España

Por RT

La oposición acusa al Ejecutivo de crear un “orwelliano Ministerio de la Verdad” para controlar las redes y los medios de comunicación.

El Gobierno de España acaba de aprobar un polémico “procedimiento contra la desinformación” que le faculta para ejercer una “monitorización y vigilancia” de las redes y los medios de comunicación y dar, en última instancia, una “respuesta a nivel político” ante aquellos contenidos que se consideren atribuibles a alguna campaña de desinformación potencialmente peligrosa para la seguridad nacional.

Desde el Ejecutivo de Sánchez justifican la necesidad de esta iniciativa argumentando que “los procesos de participación democrática se ven cada vez más amenazados por la difusión deliberada, a gran escala y sistemática, de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios”.

La definición operativa de desinformación que recoge el texto recién aprobado es la misma que ofreció la Comisión Europea (CE) en su Plan de Acción de hace casi dos años: “Información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público“.

Para aplicar este procedimiento, el Ejecutivo ha habilitado una estructura institucional en la que participan varias entidades oficiales, como la Secretaria de Estado de Comunicación, el Departamento de Seguridad Nacional o el Centro Nacional de Inteligencia. Esta estructura, a la que el Gobierno da el nombre de Comisión Permanente, está en el centro de la considerable polémica que está generando esta orden ministerial.

¿Un “Ministerio de la Verdad”?: críticas desde la oposición

La oposición ha reaccionado acusando al Ejecutivo de Sánchez de “crear un orwelliano Ministerio de la Verdad” y de sacar adelante “una orden para vigilar medios y perseguir lo que su gabinete considere desinformación“, tal como expresó el líder del Partido Popular, Pablo Casado, en un tuit. En la misma publicación, el líder de los populares asegura que si el Gobierno de Sánchez no rectifica, recurrirán “a Europa”.

El Grupo Popular en el Congreso ya ha solicitado la comparecencia urgente de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y del director del gabinete del presidente, Iván Redondo –uno de los máximos responsables de la recién creada Comisión Permanente–, para que den explicaciones sobre el polémico procedimiento.

Otra de las críticas que se dirigen contra la orden aprobada por Moncloa es la de su dudosa atribución a directrices europeas. Aunque el texto cita profusamente a las instituciones comunitarias y se encomienda en varias ocasiones al cumplimiento del citado Plan de Acción contra la desinformación redactado por la CE, sus detractores aseguran que el procedimiento no está dictado por la Unión Europea (UE).

Así lo expresó el Portavoz de la Delegación Española del
Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Esteban Gonzalez Pons, que escribió en un tuit que “es mentira que el control de medios de comunicación que impone el Gobierno español venga de Bruselas”, y aseguró que “la UE reaccionará”.

Otro aspecto discutido, tanto por la oposición como por diferentes asociaciones del sector periodístico, es que el nuevo plan se enmarca dentro de una orden ministerial y no de una Proposición de Ley, por lo que lo dispuesto en el mismo no requiere la aprobación del Congreso de los Diputados.

Lucha contra una “infodemia sin precedentes”

En el epígrafe dedicado al “contexto” del que surge esta orden ministerial, el Ejecutivo alude a la “necesidad de un reajuste” en el marco de actuación frente a las campañas de desinformación, que han proliferado notablemente bajo el asedio de la pandemia de coronavirus, generando a su vez una “‘infodemia’ sin precedentes”.

Ese “reajuste” cristaliza en un procedimiento dividido en cuatro fases o “niveles”, “que sirven tanto para detección de campañas de desinformación y su análisis ante unos posibles impactos en la Seguridad Nacional como para el apoyo en la gestión de situaciones de crisis”, al decir del Gobierno.

En el primero de esos niveles las autoridades españolas se proponen “detectar, realizar la alerta temprana y notificar” los posibles contenidos desinformativos, para lo cual implica la “monitorización y vigilancia” de la red y del espacio informativo público.

En el segundo nivel se realiza el seguimiento y evaluación de la campaña de desinformación detectada por parte de la mencionada Comisión Permanente, y en función de su gravedad, se evalúa la necesidad de elevar el proceso al nivel “político-estratégico”.

Ya en el tercer nivel, corresponde a la Secretaría de Estado evaluar la situación y, en su caso, “adoptar decisiones y marcar objetivos de carácter político-estratégico”.

En el cuarto y último nivel tendría lugar la “respuesta a nivel político por parte del Consejo de Seguridad Nacional en caso de atribución pública de una campaña de desinformación a un tercer Estado”.

“No estamos limitando la libertad de expresión”, dijo sobre este procedimiento la ministra española de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, que destacó que lo que su Gobierno intenta es “limitar la vehiculación de falsedades a través de los medios de comunicación”, ya que estas “pueden causar un gran quebranto a la democracia”.

En la línea de las propuestas anteriores del PP

La orden ministerial recién publicada no difiere mucho en su contenido genérico de lo que el propio PP planteaba cuando estaba en el Gobierno, en especial cuando trataba de lidiar con la tormenta política desatada por el proceso independentista catalán. De hecho fue en 2017, bajo el mandato de Mariano Rajoy, cuando las “campañas de desinformación” obtuvieron la categoría de amenaza para la Seguridad Nacional, tal como consta en la estrategia oficial publicada en diciembre aquel año.

En ese mismo mes, el PP registró en el Congreso una proposición no de ley con propuestas para combatir las ‘fake news’, como que los servicios de seguridad tuvieran sistemas de “vigilancia, monitorización, mitigación y respuesta ante acciones extranjeras destinadas a cuestionar y debilitar la confianza en las instituciones públicas”. Por aquel entonces, el Gobierno español actuaba ante una sospecha recurrente, pero nunca fundamentada en pruebas, de la existencia de supuestas injerencias rusas orientadas a desestabilizar las democracias europeas.

Pocos meses más tarde, en marzo de 2018, el Congreso español tumbó una Proposición No de Ley del PP, que defendía la necesidad de llevar a cabo la detección y el “sellado o descalificación” de los contenidos que las fuerzas de seguridad consideraran falsos, sin que mediase la intervención de un juez.




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