La juez Susanna Zanda, de la Segunda Sección Civil del Tribunal de Florencia, obliga a reamitir a una psicóloga que se negó a inocularse y fue suspendida de empleo según la ley que aprobó Draghi en 2021.
Dice la sentencia que la medida conculcó los derechos fundamentales de la afectada, como el derecho al sustento y al trabajo, entendidos como expresión de la libertad y la dignidad de la persona.
Lo más interesante de la sentencia es cómo desautoriza la inyección génica:
La ley 7/2021 que obliga al personal sanitario a utilizar la vacuna plantea el objetivo de prevenir la enfermedad y garantizar las condiciones de seguridad en el sector sanitario.
Pero según la juez ha sido un objetivo inalcanzable ya que según los informes del organismo italiano de farmacovigilancia y Eudravigilance la vacunación masiva ha conducido a «un fenómeno opuesto al que se pretendía lograr con la vacunación, y una propagación de la infección con múltiples variantes, viral y la prevalencia numérica de infecciones y muertes entre vacunados con tres dosis»
También añade la sentencia que no es posible un consentimiento libre e informado cuando los componentes de los sueros y los mecanismos sobre su funcionamiento están amparados no solo por el secreto industrial, sino también incomprensiblemente por el secreto militar.
También dice la magistrada que el ordenamiento jurídico italiano y los tratados internacionales prohíben cualquier experimentación con seres humanos y destaca que desde el punto de vista epidemiológico, la condición del sujeto vacunado no es diferente a la del no vacunado porque ambos pueden infectarse, desarrollar la enfermedad y transmitir el contagio.
Como corolario comenta que después de dos años aún no se conocen los componentes y efectos a medio y largo plazo, pero en el corto plazo las vacunas anti-Covid ya han causado miles de muertes y eventos adversos graves.
Fuente: https://www.byoblu.com/
Visto en: Astillas De Realidad
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