‘Camino a Beijing’: grupo legal a favor de la libertad hace sonar la alarma sobre la identificación digital de estilo chino que llegará a Canadá

Por Justice Center for Constitutional Freedoms

Visto en: lifesitenews

“Lo que los canadienses necesitan hoy no es más acceso gubernamental absoluto a la información privada, sino un compromiso renovado con los derechos y libertades de la Carta”, dijo el presidente del Centro de Justicia para las Libertades Constitucionales, John Carpay.

El Centro de Justicia publicó un nuevo informe el miércoles sobre la amenaza real y creciente de las tecnologías de identificación digital en Canadá. Este informe , titulado “Canada’s Road to Beijing”, describe el uso que hace el Partido Comunista Chino de tecnologías de identificación digital para suprimir la libertad en China, advierte a los canadienses sobre la amenaza inmediata y creciente del uso gubernamental de estas tecnologías y muestra cómo podrían afectar a Charter- derechos y libertades protegidos.

Las tecnologías de identificación digital y moneda digital no son novedosas, ya que se han desarrollado e implementado ampliamente en la República Popular China bajo el Partido Comunista Chino (PCCh) desde 2009. Allí, estas tecnologías han armado al PCCh para poner en “listas negras” y segregar a los chinos (y incluso canadienses) por comportamiento delictivo, por difundir creencias controvertidas, por celebrar reuniones religiosas, por tener demasiados hijos e incluso por comprar demasiados videojuegos.

Este informe llama la atención sobre los paralelismos entre los usos de las tecnologías de identificación digital en China y Canadá. Concluimos que los paralelos son incómodamente estrechos. Si bien es cierto que estas tecnologías digitales prometen una mayor eficiencia y accesibilidad, advertimos que representan una amenaza significativa (pero pasada por alto) para los derechos y libertades de la Carta.

Estas tecnologías equipan a nuestros gobiernos para rastrear los comportamientos financieros y físicos de los canadienses y, en ciertos casos alarmantes, para sancionar a los canadienses por ejercer sus derechos y libertades protegidos por la Carta. La identificación digital permite a los gobiernos saber a dónde va, qué compra y cómo gasta su dinero.

Recientemente salió a la luz que, en 2020, el gobierno de Canadá autorizó en secreto la vigilancia de 33 millones de teléfonos inteligentes con sede en Canadá para determinar si sus usuarios habían estado cumpliendo con las restricciones de movilidad de COVID. En 2021, los gobiernos canadienses exigieron a los ciudadanos que presentaran un comprobante digital de vacunación para poder participar en muchas esferas de la vida pública y privada; por ejemplo, los habitantes de Alberta necesitaban un código QR solo para ir a un restaurante o al cine.

En 2022, el gobierno federal rastreó y congeló las cuentas bancarias de más de 200 simpatizantes y asociados de “Freedom Convoy”, sin posibilidad de apelación u objeción. Tales intervenciones han sido posibles gracias a la silenciosa proliferación de tecnologías de seguimiento digital en todo Canadá en la última década.

Estas tecnologías ya se están utilizando, en diversos grados, en Columbia Británica, Alberta, Ontario y Quebec. Las provincias del Atlántico y Saskatchewan ahora están probando y desarrollando estas tecnologías para su futura implementación, y los gobiernos parecen querer más.

En este momento, se habla de desarrollar una identificación digital nacional, que sería necesaria para acceder a los más de 270 servicios y programas en línea del gobierno de Canadá. El sitio web del gobierno de Canadá describe esta tecnología como “Una identificación para gobernarlos a todos”.

“Es como ser invitado a una fiesta realmente emocionante. Solo asegúrese de traer alguna identificación (digital)”, afirma el sitio web.

“Lo que los canadienses necesitan hoy no es más acceso gubernamental absoluto a la información privada sino, en cambio, un compromiso renovado con los derechos y libertades de la Carta. Estamos en camino a Beijing y los canadienses deberían estar preocupados”, dice el abogado John Carpay, presidente del Centro de Justicia.

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