Por RT
El mandatario mexicano alertó de que irá hasta el final para evitar que el grano transgénico de EE.UU. llegue a los consumidores de su país.
El Gobierno de Estados Unidos solicitó una nueva consulta técnica al Gobierno mexicano por el decreto presidencial que aligeró las prohibiciones de importación de maíz amarillo proveniente del vecino país del norte para permitir que el cereal genéticamente modificado aún pueda ser adquirido como forraje para la alimentación animal y para su uso industrial en la alimentación humana, más no para su consumo directo.
Basándose en el Capítulo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del T-MEC, el Departamento de Agricultura estadounidense alega que el decreto presidencial firmado a mediados de febrero, «amenaza con interrumpir miles de millones de dólares en el comercio agrícola y sofocará la innovación que es necesaria para enfrentar la crisis climática y los desafíos de seguridad alimentaria si no se aborda».
Por su parte, Andrés Manuel López Obrador insiste en que la salud de los mexicanos está por encima de cualquier acuerdo. El presidente de México destacó que hay un plazo de 30 días para lograr un entendimiento con EE.UU. antes de tener que llegar a un panel de solución de controversias. Por ello, se busca que las agencias reguladoras sanitarias de ambos países investiguen los posibles daños a la salud humana por el consumo de maíz amarillo, aclaró.
«Ningún tratado en el mundo permite que se compren mercancías dañinas a la salud o que se vendan. En el mismo tratado hay cláusulas que protegen a los consumidores, como se protege el medio ambiente, como se protege a los trabajadores», argumentó el mandatario mexicano.
«El Gobierno de EE.UU. pues hace énfasis a que se viola el artículo 3.14 del T-MEC que se refiere a productos biotecnológicos, pero aquí es muy importante destacar que la parte referente a México descansa en el artículo 2.1 y 2.2 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio, que se refiere a prevalecer la seguridad humana en términos de consumo, en este caso de consumo humano», puntualiza en conversación con RT José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN).
Se trata de la quinta ocasión que EE.UU. recurre al mecanismo de la consulta técnica en el marco de T-MEC. En cuatro ocasiones anteriores promovió otras consultas frente a medidas y políticas públicas impulsadas en México en temas como la industria eléctrica; el otorgamiento de permisos a empresas extranjeras para la operación de instalaciones de energía renovable e importación y venta de combustible; la ampliación del plazo otorgado a Petróleos Mexicanos para reducir sus emisiones de azufre y el requisito a transportistas para abastecerse de gas natural adquirido a las empresas públicas PEMEX o la Comisión Federal de Electricidad.
En opinión de Martínez Cortés, «se ven los intereses de las empresas estadounidenses que son grandes electores en EE.UU.». «Está la parte referente a las empresas de energía, que se dicen de energía limpia, también las empresas petroleras», señala, recordando que la parte central de EE.UU. es productora de maíz blanco.
«Esta parte representa un gran interés para EE.UU. y quien ha impulsado la demanda es el Partido Republicano, por eso es que el presidente Biden, que pertenece al Partido Demócrata, hace suya esta demanda», explica el coordinador del LACEN.
La Secretaría de Economía mexicana insistió en que la intención del decreto presidencial es preservar que la tortilla sea elaborada con maíz nativo, asegurando así la conservación de la biodiversidad de las más de 64 clases de maíz que hay en el país, de las cuales 59 son endémicas.
La dependencia también aseguró que demostrará con datos y evidencias que no ha habido afectaciones comerciales y que lo publicado es consistente con el Tratado entre México, EE.UU. y Canadá.
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